Tras una década sin comicios, el Consejo Electoral de Haití programó la primera vuelta presidencial para el 13 de diciembre, condicionado al despliegue de seguridad territorial frente al control de las bandas armadas.
Tras una década sin comicios, el Consejo Electoral de Haití programó la primera vuelta presidencial para el 13 de diciembre, condicionado al despliegue de seguridad territorial frente al control de las bandas armadas.
El Consejo Electoral Provisional de Haití anunció la convocatoria para las primeras elecciones presidenciales y legislativas en diez años. El organismo fijó la primera vuelta para el 13 de diciembre de 2026, mientras que la segunda vuelta quedó programada para el 21 de febrero de 2027. La medida incluye la votación para ratificar modificaciones a la Constitución y la renovación de autoridades locales en marzo.
Haití no celebra comicios desde 2016. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 profundizó la crisis institucional en un contexto marcado por la expansión del crimen organizado.
Actualmente, la alianza de bandas armadas Viv Ansanm controla la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, y diversas zonas rurales, lo que provocó que el 12 % de la población viva en campamentos improvisados o casas de acogida.
El presidente del organismo electoral, Jacques Desrosiers, confirmó que el cumplimiento del cronograma electoral dependerá del establecimiento de un clima de seguridad aceptable y de la disponibilidad de recursos.
El funcionario precisó que la institución evaluó 1.400 centros de votación en el país. Sin embargo, admitió que al menos 28 comunas quedaron excluidas de esta revisión debido a la ausencia del Estado y al control territorial ejercido por los grupos criminales.
Para la elaboración del padrón electoral, las autoridades habilitaron un proceso de registro presencial de votantes por 90 días. A diferencia de comicios anteriores, la lista final no se confeccionará automáticamente con la base de datos de la Oficina Nacional de Identificación.
Cada ciudadano deberá acudir con su tarjeta de identidad al centro de votación asignado para validar su inscripción, un mecanismo diseñado para depurar el registro de personas fallecidas o desplazadas.
Paralelamente, el gobierno inició la formación de agentes de seguridad electoral y la capacitación de entre 3.500 y 4.000 trabajadores de campo. En materia presupuestaria, las operaciones se ejecutan con fondos del Tesoro público administrados mediante un fideicomiso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Hasta el momento, las autoridades no recibieron desembolsos directos de la comunidad internacional.
El decreto electoral estableció restricciones para los competidores políticos. El texto prohíbe la participación de candidatos sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y proscribe las candidaturas de funcionarios que integren el actual gobierno de transición.
Líderes de agrupaciones políticas advirtieron sobre la extrema dificultad de concretar el proceso sin la intervención previa de una fuerza internacional. La falta de acceso a departamentos de alta densidad poblacional como Artibonite y Ouest comprometería la participación ciudadana. ¿Resultará factible consolidar una votación legítima en regiones dominadas por el crimen organizado?
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