El Gobierno lanzó una licitación pública para contratar plataformas privadas que gestionen subastas electrónicas de bienes estatales en desuso. La medida busca agilizar trámites, reducir gastos de almacenamiento y transparentar la venta de vehículos, maquinarias y otros activos.
El Poder Ejecutivo puso en marcha el proceso licitatorio para contratar firmas especializadas que se encarguen de la comercialización virtual del parque automotor, maquinaria y equipamiento estatal fuera de servicio. Mediante una disposición emitida por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, las autoridades habilitaron el concurso nacional para adjudicar la intermediación técnica de las ventas de activos de diversas reparticiones públicas, con el objetivo de erradicar los cuellos de botella burocráticos y reducir los costos de mantenimiento de elementos archivados o deteriorados.
Desde la conducción del Ministerio de Desregulación justificaron el paso hacia esquemas mixtos basándose en modelos internacionales donde la gestión privada dinamiza la venta directa de materiales en obsolescencia. Con esta reestructuración, la administración central busca reemplazar los mecanismos tradicionales por portales de comercialización masiva capaces de agilizar las transacciones y mejorar la captación de oferentes en todo el territorio nacional.
El marco regulatorio establece que aquellas unidades con valuaciones inferiores a determinado tope económico o que resulten desiertas tras varios intentos en remates electrónicos podrán comercializarse en forma directa mediante los operadores adjudicados. No obstante, para garantizar la transparencia del proceso, cuando coincidan múltiples interesados sobre una misma pieza se activará de forma automática una compulsa de precios en línea para definir al comprador.
Adicionalmente, el reglamento endurece la fiscalización sobre bienes sujeto a registro, exigiendo la presentación completa del legajo dominial, libre deuda de patentes y certificaciones de las fuerzas de seguridad previo a su liquidación. De esta manera, el Gabinete pretende transformar el manejo patrimonial de las dependencias gubernamentales, convirtiendo recursos inactivos en ingresos para el Tesoro.
La ciudad autónoma española sufre la peor crisis fronteriza de su historia tras el ingreso de unos 60.000 migrantes en las últimas horas. El alcalde declaró la situación de emergencia mientras el presidente Pedro Sánchez viajó al enclave norafricano.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cruzó a la vicepresidenta tras sus duras críticas hacia Javier Milei. Calificó sus dichos de ‘disparate’ y defendió la reforma del Banco Central y el paquete de leyes económicas anunciado por el Gobierno.
El presidente Javier Milei presentó en cadena nacional un paquete de leyes para modificar la Carta Orgánica del BCRA, implementar una regla permanente de equilibrio presupuestario y desregular los mercados de seguros y capitales.
El INTA advirtió que intensas lluvias podrían inundar más de la mitad de Corrientes. Para prevenir pérdidas ganaderas y agrícolas, el organismo desarrolló la plataforma SAEPga, que permite a los productores identificar zonas elevadas y planificar el manejo del suelo.
Jacquelin explica que Milei adoptó un discurso nacionalista y firmó un decreto cuestionado constitucionalmente para expulsar extranjeros odiadores. Con esta maniobra, impulsada por Santiago Caputo, busca desviar la atención de los datos económicos y recuperar la iniciativa política.
El Ministerio de Justicia presentó a Javier Milei cinco candidatos para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema. Tras fallidos intentos previos y mientras envía pliegos de juzgados inferiores al Senado, la Casa Rosada busca definir perfiles constitucionales.
En el juicio por Loan Peña, el comisario Fabio Pirrone afirmó que el niño no se perdió. Destacó contradicciones en los imputados, llamadas sospechosas y encubrimientos, mientras la fiscalía y las defensas mantuvieron intensos cruces durante las declaraciones.
La directora del Coro Nacional de Niños, María Isabel Sanz, rechazó el argumento oficial para la disolución del organismo. Aseguró que las presuntas inconsistencias administrativas debían solucionarse sin erradicar la institución y anunció que exigirán la derogación del decreto.
