El juicio a Justo Barrientos por el triple lesbicidio de Barracas se reanuda tras la feria. El proceso juzga el ataque incendiario contra cuatro mujeres y busca un fallo histórico que sancione los crímenes por odio a la orientación sexual.
El juicio a Justo Barrientos por el triple lesbicidio de Barracas se reanuda tras la feria. El proceso juzga el ataque incendiario contra cuatro mujeres y busca un fallo histórico que sancione los crímenes por odio a la orientación sexual.
La causa judicial impulsada contra Justo Fernando Barrientos entra en una etapa crucial este agosto con el reinicio de las audiencias en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N°5. El proceso examina la responsabilidad del imputado septuagenario en la agresión con fuego perpetrada en un hospedaje de la calle Olavarría que culminó con tres víctimas fatales y una sobreviviente. La querella resalta la relevancia de este debate, al considerar que la aplicación de los agravantes por prejuicio hacia la orientación afectiva de las damnificadas sentará un criterio inédito en el fuero penal.
Durante los próximos encuentros del debate público, el estrado escuchará la versión de los brigadistas, miembros de las fuerzas de seguridad y peritos especializados convocados por las partes. La representación legal de la sobreviviente busca demostrar que las agresiones verbales previas y el ensañamiento del acusado respondían a una violencia sistemática dirigida específicamente contra la condición homosexual de las convivientes, sorteando las posturas iniciales que desestimaban dicho encuadre.
Las actuaciones reconstruyen lo sucedido durante la noche del 6 de mayo de 2024, cuando el agresor arrojó un elemento combustible encendido dentro del cuarto donde descansaban las cuatro residentes. Pese a los intentos desesperados de las mujeres por apagar las llamas en los sanitarios del inmueble, el atacante volvió a agredirlas físicamente y a lanzar material incandescente, causando heridas irreversibles a tres de ellas e internaciones de urgencia antes de intentar autolesionarse.
Especialistas en asistencia social e integrantes de organismos interdisciplinarios que habían atendido denuncias previas de las víctimas ya prestaron su testimonio ante los jueces, detallando la situación de marginación y acoso recurrente que padecían. Las organizaciones que representan a los familiares sostienen que el episodio no constituyó un hecho aislado, sino la derivación extrema de un entorno hostil marcado por agresiones continuas y prejuicios de género.
El Presidente vinculó la nueva estrategia de seguridad de la Casa Blanca con la histórica disputa de soberanía sobre las islas y ratificó el alineamiento irrestricto con Washington. Además, defendió la reforma del Banco Central para prohibir el financiamiento al Tesoro.
El mediocampista colombiano felicitó a su compatriota tras la victoria de Rosario Central en el Estadio Monumental, lo que desató críticas entre los simpatizantes del club de Núñez.
Un promedio de 17 relevamientos nacionales revela que el 59% de los argentinos percibe de forma negativa la situación económica actual. Pese al desencanto social, Javier Milei conserva una leve diferencia a favor en la intención de voto hacia la reelección en 2027.
Bajada: La decisión de Washington de frenar una ofensiva militar a gran escala para abrir una vía diplomática descomprime de inmediato los mercados energéticos. El crudo Brent cede posiciones tras semanas de máxima tensión bélica en Medio Oriente.
El oficialismo enfrenta severas dificultades para reunir las adhesiones necesarias antes del reinicio del debate parlamentario. La creciente presión social, sumada a las dudas de bloques aliados de Misiones, Chubut y el radicalismo, pone en jaque la eliminación de límites a inversores extranjeros.
Denis Portillo, abogado, especialista en trámites migratorios, explicó cómo el DNU 681/2026 modifica la Ley de Migraciones, qué conductas pueden derivar en expulsión y qué garantías conservan los extranjeros. La norma entró en vigencia el 29 de julio y deberá ser evaluada por el Congreso.
Un altercado en la estación migratoria de Tapachula culminó con la intervención de fuerzas de seguridad y dos detenidos. Migrantes deportados desde Estados Unidos protestaron por las condiciones de encierro, mientras activistas denunciaron extorsiones y vulnerabilidad en la frontera mexicana.
El Gobierno de México respaldó una demanda judicial contra un centro de detención migratorio en California. La acción legal denuncia hacinamiento, comida en mal estado, falta de atención médica e imperioso uso de gas pimienta contra los reclusos.
