El abogado de la joven que acompañaba al exdiputado Facundo Moyano solicitó la nulidad del allanamiento en Belgrano. La defensa denunció la pérdida de la cadena de custodia al detectarse el ingreso de un tercero previo a la inspección.
El abogado de la joven que acompañaba al exdiputado Facundo Moyano solicitó la nulidad del allanamiento en Belgrano. La defensa denunció la pérdida de la cadena de custodia al detectarse el ingreso de un tercero previo a la inspección.

El representante legal de la joven de 23 años solicitó formalmente dejar sin efecto jurídico el procedimiento realizado en la residencia del dirigente sindical, al considerar que la diligencia perdió toda validez por serias deficiencias operativas. De acuerdo con el letrado Diego Storto, la inviolabilidad de la prueba quedó completamente vulnerada al permitirse el acceso de un tercero a la vivienda durante la brecha temporal previa al ingreso de la fuerza pública, de donde habría retirado pertenencias en una maleta sin la correspondiente supervisión judicial.
Esta grave falla en la preservación de la escena implica que los hallazgos en la propiedad carecen de eficacia probatoria para la causa. La defensa argumenta que el prolongado lapso transcurrido entre la orden del fiscal y la irrupción policial vició totalmente el trámite, lo que invalida de nulidad absoluta el saldo reportado por las fuerzas de seguridad en el lugar.
El letrado criticó además la postura adoptada por el exlegislador al rehusarse a los exámenes biológicos de detección de sustancias, interpretando dicha conducta como una estrategia posibilitada por el margen de tiempo transcurrido hasta la inspección del departamento.
Los hechos que derivaron en la causa penal se desencadenaron durante las primeras horas de la jornada, cuando efectivos de seguridad abordaron a la pareja en la vía pública tras registrarse un altercado en la vivienda. Si bien la joven requirió asistencia médica en el Hospital Pirovano debido al cuadro de alteración experimentado, la representación legal ratificó su alta hospitalaria y anunció que avanzará en determinar las responsabilidades penales sobre el origen del material estupefaciente involucrado en el hecho.
La actividad en Vaca Muerta registró 2.005 etapas de fractura en julio, marcando un récord para ese mes. YPF lideró con el 53% de las operaciones, mientras Halliburton encabezó los servicios técnicos en un contexto de sostenido crecimiento energético.
Joyce Wong asumió como nueva jefa de la misión del FMI para Argentina. La economista portuguesa, con experiencia previa en el país durante el macrismo, fiscalizará el cumplimiento de las metas fiscales para destrabar desembolsos por 869 millones de dólares.
La liquidación de la obra social militar derivó en dos modelos de atención: Seguridad derivó sus afiliados a una prepaga privada, mientras Defensa busca crear un sistema propio. En tanto, persisten problemas de cobertura y reclamos en el Congreso.
Un peritaje contable no halló nexos financieros entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde por el viaje a Marbella. Ante este resultado, la defensa de la modelo solicitó ante la Justicia de Lomas de Zamora su sobreseimiento definitivo.
El Gobierno nacional alista los pliegos para privatizar las tres líneas del Belgrano Cargas. La licitación atrae a multinacionales y agroexportadoras locales, y busca concretar el primer gran traspaso estatal para asegurar inversiones e ingresos de divisas.
La organización ultra conservadora Political Network for Values desembarcó en Buenos Aires con respaldo del Gobierno y la Ciudad. El evento impulsó la agenda provida y reavivó especulaciones sobre la adhesión de Argentina al internacional Consenso de Ginebra.
Javier Iguacel declaró en el juicio de los Cuadernos sobre los pactos ilícitos en la obra pública durante el kirchnerismo. Reveló maniobras para direccionar licitaciones y justificó sus acusaciones en la abrupta baja de costos registrada tras modificar los pliegos.
Un fallo de la Corte Suprema determinó que las prepagas no están obligadas a financiar medicamentos importados caros si existe una alternativa nacional más económica y aprobada por la ANMAT. La decisión sienta un precedente clave sobre coberturas sanitarias.