Mediante la Resolución 734/2026, Enacom oficializó la inhabilitación de señales, tarjetas SIM y líneas móviles en penales subnacionales que adhieran al protocolo federal, con el fin de neutralizar delitos coordinados desde los pabellones.
Mediante la Resolución 734/2026, Enacom oficializó la inhabilitación de señales, tarjetas SIM y líneas móviles en penales subnacionales que adhieran al protocolo federal, con el fin de neutralizar delitos coordinados desde los pabellones.
El Gobierno nacional formalizó la extensión del procedimiento de bloqueo de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios de las provincias. A través de la Resolución 734/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) modificó el régimen vigente desde 2016 para incorporar a las jurisdicciones subnacionales al esquema de inhabilitación que regía para el sistema federal.
La normativa determinó que las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles deberán inhabilitar tres elementos clave ante cada dispositivo detectado dentro de los pabellones y zonas de acceso restringido: el IMEI del equipo, el IMSI asociado a la tarjeta SIM y la línea telefónica correspondiente. La prohibición de uso de tecnología celular dentro de las penitenciarías está respaldada en el artículo 160 de la Ley 24.660.
El mecanismo no funcionará de manera automática. La resolución estableció que las empresas telefónicas actuarán únicamente ante la solicitud explícita del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Las provincias adheridas no podrán ordenar inhabilitaciones de forma directa a las operadoras, sino que deberán canalizar sus requerimientos a través de la cartera nacional, que concentrará el envío de datos.
Asimismo, la regulación dispuso condiciones técnicas para salvaguardar las telecomunicaciones fuera del perímetro penitenciario. Las tecnologías empleadas deberán calibrarse para impedir interferencias en las señales de residentes, comercios o usuarios en áreas linderas. Adicionalmente, las compañías móviles tendrán la obligación de registrar y conservar la trazabilidad de cada gestión realizada.
La modificación reglamentaria respondió a una presentación efectuada ante el Enacom por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. La titular de esa área, Mercedes Rus, advirtió sobre la proliferación de delitos coordinados desde el interior de los pabellones provinciales y solicitó un marco normativo claro para sumar a los penales subnacionales al esquema técnico.
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El nivel de adhesión provincial y la velocidad en la transmisión de datos determinarán la efectividad real de una medida que intenta cerrar la brecha de comunicación en los penales del país. ¿Logrará esta articulación entre Nación y provincias neutralizar de forma definitiva el delito coordinado desde las celdas?
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