Un tribunal ruso condenó a 11 años de prisión al dirigente opositor Lev Shlosberg por criticar la guerra en Ucrania. En paralelo, la Corte Suprema ratificó la inhabilitación de su partido, Yábloko, para las próximas elecciones legislativas.
Un tribunal ruso condenó a 11 años de prisión al dirigente opositor Lev Shlosberg por criticar la guerra en Ucrania. En paralelo, la Corte Suprema ratificó la inhabilitación de su partido, Yábloko, para las próximas elecciones legislativas.
El sistema judicial ruso impuso una pena superior a una década de prisión a Lev Shlosberg, destacado dirigente de la agrupación política Yábloko, bajo los cargos de divulgación de datos apócrifos y desprestigio del aparato militar. Las autoridades judiciales fundamentaron la sentencia en las posturas públicas del referente opositor, quien había demandado el cese del fuego durante una transmisión en plataformas digitales y difundido publicaciones de prensa extranjera críticas hacia la cúpula del Kremlin.
El dirigente de sesenta y tres años figuraba entre las escasas figuras críticas que aún permanecían dentro del territorio nacional tras el endurecimiento de las medidas de control estatal sobre las voces disidentes. Durante la lectura de la resolución penal, el imputado cuestionó el actuar del magistrado interviniente, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron el fallo como una maniobra represiva orientada a acallar los llamados por la paz.
De manera simultánea a la condena judicial, el Tribunal Supremo rechazó el recurso legal presentado por Yábloko para participar en los comicios legislativos programados para septiembre, ratificando su marginación de la contienda política. La decisión consolidó la exclusión del único espacio legal organizado que mantenía posturas contrarias al conflicto armado dentro de la nación.
La proscripción política generó concentraciones ciudadanas en la capital rusa en respaldo al espacio opositor, las cuales concluyeron con decenas de manifestantes aprehendidos por las fuerzas de seguridad. Desde la conducción de la fuerza política repudiaron tanto el fallo penal contra su vicepresidente como el bloqueo electoral, anunciando que agotarán las instancias jurídicas para apelar ambas medidas.
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