El Gobierno bonaerense abrió un expediente e investiga a Mercado Pago, Ualá, Naranja Digital, Personal Pay, Brubank y Cencosud tras 2.240 denuncias por incumplimientos, acoso y hostigamiento. Las multas pueden llegar a $1.883 millones y exigen revertir los incumplimientos.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, presentaron este jueves acciones para proteger a usuarios de billeteras virtuales.
Kicillof señaló que “un 60% de la población adulta del país está endeudada —21 millones de personas— y que un 20% —6 millones— se encuentra en situación de mora”.
El mandatario atribuyó ese escenario a la política macroeconómica del Gobierno nacional y dijo que “la imposibilidad de pagar se deriva de un hecho de la macro deliberada del gobierno, que son los ingresos bajos”.
Según explicó Costa, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias en el primer semestre del año contra empresas fintech como Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.
Entre las principales acusaciones, el ministro mencionó “la toma de crédito en condiciones de tasas usurarias, exorbitantes, sin información suficiente para quien toma el crédito; acoso y hostigamiento posterior a la mora, y muchas veces sin ningún tipo de justificación”.
También señaló incumplimientos en términos y condiciones, como no especificar el valor de los servicios y reservarse el derecho de establecer cargos sin detallarlos.
El Gobierno bonaerense abrió un expediente de investigación y solicitó a las firmas que informen “los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”.
Costa sostuvo que “las acciones ya están en curso” y que las empresas deberán presentar descargos. En caso de demostrarse los incumplimientos, la normativa prevé multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir las prácticas abusivas.
Kicillof remarcó que “el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos” y criticó medidas como la derogación del tope de tasas y la desarticulación de sistemas de denuncias.
Costa enumeró acciones que podría tomar la Nación: “regular el costo financiero total, los intereses punitorios, generar condiciones para que la información que se le brinde al consumidor sea la adecuada, generar sistemas de alerta por sobreendeudamiento”.
La intervención provincial, sin embargo, opera dentro de un margen acotado: las sanciones y la exigencia de transparencia pueden disuadir abusos, pero no modifican por sí solas la arquitectura del crédito ni las condiciones de inflación y pérdida de poder adquisitivo que afectan a los usuarios.
Con las investigaciones a fintech en curso, resta saber cómo responderán las empresas y si la presión de la Provincia de Buenos Aires logrará cambios concretos en tasas de interés, costos y métodos de cobranza.
También queda abierta la pregunta sobre qué medidas regulatorias nacionales podrían evitar que la mora siga creciendo en un escenario de oferta de crédito poco regulada.
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