Docentes universitarios realizan un paro nacional de 48 horas en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento. Exigen la transferencia de fondos presupuestarios y mejoras salariales ante la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
Las federaciones que agrupan al personal académico de las casas de altos estudios públicas inician una doble jornada de abstención de tareas en todo el territorio argentino. La protesta, con fuerte adhesión en las unidades académicas y administrativas, busca presionar por la aplicación efectiva de la normativa que regula los recursos financieros destinados al sistema público y exige una recomposición de los haberes del sector.
Esta acción sindical profundiza la tensión existente entre la comunidad educativa y las autoridades nacionales. Desde las instituciones denuncian que la falta de envío de las partidas aprobadas compromete severamente el sostenimiento edilicio, el otorgamiento de ayudas estudiantiles y la actualización de los sueldos en un contexto de marcada pérdida de capacidad de compra.
Pese a contar con el respaldo de la Justicia Federal —que rechazó los frenos promovidos desde el Poder Ejecutivo y ratificó la vigencia de la norma crediticia—, los dirigentes gremiales señalan que los montos estipulados continúan sin materializarse. El malestar se agudiza ante la ausencia de paritarias libres, argumentando que las subas otorgadas de manera unilateral por el Ministerio de Economía resultaron insuficientes para equiparar la evolución de los precios.
La dirigencia universitaria ratificó que mantendrá las instancias de protesta en paralelo a los intentos de diálogo, advirtiendo que la continuidad del calendario lectivo dependerá de las respuestas presupuestarias que brinde la administración central en las próximas semanas.
Un informe de la UIA reveló que el 47,6% de las industrias tuvo dificultades para afrontar sus pagos en julio. La morosidad total alcanzó un récord histórico del 9,2%, impulsada por la menor demanda, mayores costos y competencia desleal.
El exministro Hernán Lacunza advirtió que el rumbo económico actual podría facilitar el regreso del kirchnerismo. El referente del PRO marcó diferencias institucionales y productivas con el Gobierno y ratificó su intención de consolidar una candidatura propia para 2027.
El juez Ariel Lijo rechazó suspender la pericia sobre los audios atribuídos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El magistrado cuestionó el cambio de postura de la defensa y ratificó la continuidad del análisis sobre el material probatorio.
El Ministerio de Capital Humano atribuyó el deterioro educativo a las políticas de los últimos doce años de gestión kirchnerista. Tras el informe PISA, el Gobierno defendió sus Planes Nacionales de Alfabetización y Matemática para revertir el rezago histórico.
El Gobierno oficializó tres comandos unificados de seguridad para custodiar la visita del papa León XIV del 8 al 11 de noviembre. El operativo coordinará fuerzas federales e inteligencia en Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba hasta 48 horas post-evento.
La ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal en internet de inyecciones para adelgazar y diez péptidos inyectables sin autorización. El organismo advirtió sobre graves riesgos para la salud debido a la falta de controles y evidencia científica.
Nación y Buenos Aires se enfrentaron tras la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil a los 14 años. Mientras la Casa Rosada acusó inacción provincial, la gestión bonaerense denunció falta de recursos e infraestructura para aplicar la reforma.
El oficialismo no reúne las voluntades necesarias en el Senado para eliminar las elecciones primarias. Ante la falta de acuerdos con bloques aliados y el apremio judicial, el debate se postergó para discutir temas secundarios de la reforma.
