El oficialismo logró aprobar el proyecto que permite formalizar ahorros sin topes. La oposición lo calificó de “nuevo blanqueo”. Aunque los funcionarios públicos quedaron excluidos de los beneficios del régimen, la medida generó polémica porque sí habilita a sus familiares directos.
Con 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles por la noche la polémica reforma tributaria. Tras un intenso debate, el proyecto de Inocencia Fiscal II avanza ahora hacia el Senado respaldado estratégicamente por el oficialismo, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales aliados.
El dato explosivo: La normativa elimina de forma definitiva los topes de patrimonio para ingresar al régimen. Sin embargo, la verdadera controversia estalló en el recinto al confirmarse que los familiares directos de los funcionarios políticos sí podrán acceder a los beneficios fiscales sin restricciones de la ARCA.
La flamante normativa modifica profundamente el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, una herramienta tributaria vigente desde principios de 2025. El cambio más rotundo de esta jornada es que ya no existirán límites de $10.000 millones de patrimonio ni topes de $1000 millones de ingresos para que los contribuyentes regularicen sus ahorros no declarados.
Para evitar un mayor costo político durante la sesión, el Gobierno Nacional aceptó restringir los beneficios a quienes ocuparon cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años. De esta forma, figuras clave como legisladores, jueces o secretarios de Estado no gozarán de la presunción de corrección ante eventuales discrepancias detectadas por los organismos de control estatal.
Sin embargo, desde el bloque Provincias Unidas, la diputada Gisela Scaglia advirtió que la prohibición sancionada no alcanza a los cónyuges de los funcionarios públicos. Este bache legal revivió las fuertes críticas sobre casos recientes, como la polémica adhesión al régimen de Bettina Angeletti, actual esposa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
Desde las filas del oficialismo, la legisladora libertaria Laura Rodríguez Machado defendió enfáticamente la iniciativa, asegurando que el espíritu de la ley busca “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos”. Además, destacó que con esta simplificación, la ARCA concentrará su capacidad de fiscalización operativa exclusivamente en quienes presenten inconsistencias patrimoniales que sean verdaderamente relevantes.
El peronismo, la Izquierda y distintos bloques críticos votaron negativamente al considerar que la ley debilita de manera deliberada los controles del Estado. El legislador Ariel Rauschenberger tildó la medida de ser un “cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias” y alertó sobre una presión directa a la UIF para flexibilizar el monitoreo del lavado de activos.
En esa misma sintonía de rechazo, el dirigente radical Martín Lousteau ironizó fuertemente sobre el título formal del proyecto tratado. El economista sugirió ante sus pares que la iniciativa debería llamarse “Ley de facilitación e impunidad de la evasión”, o en su defecto “Ley Adorni-Espert”, debido a los supuestos beneficiarios directos vinculados al poder de turno.
Por su parte, el dirigente social Juan Grabois contrastó este beneficio a los grandes capitales con la desesperante situación de los sectores más vulnerables. Cuestionó con dureza que el evasor fiscal sea considerado automáticamente como un “inocente”, mientras que en la economía cotidiana “el laburante paga el impuesto a la pobreza, que se llama impuesto al valor agregado”.
Además de debatir el nuevo régimen fiscal, la extensa y acalorada jornada legislativa incluyó la ansiada aprobación de la reducción del IVA del 21% al 10,5% para alimentos básicos como la harina y la fécula de mandioca. Minutos después, también se ratificó formalmente el histórico acuerdo comercial Mercosur-Singapur y la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
Finalmente, casi al cierre de la jornada, la Cámara Baja le otorgó la correspondiente media sanción a la denominada “Ley Joaquín”. Esta normativa, muy esperada por diversos colectivos sociales, establece de forma obligatoria medidas de seguridad estrictas para evitar trágicos accidentes mortales vinculados con la caída de arcos y postes en distintos predios deportivos del país.
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