Tras el pedido del fiscal Diego Luciani, el Tribunal Oral Federal 2 oficializó esta semana el embargo del departamento porteño donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, para resguardar bienes por un fraude al Estado estimado en 685.000 millones de pesos.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) notificó formalmente al Registro de la Propiedad Inmueble la traba de un nuevo paquete de embargos preventivos sobre los bienes de los condenados en la causa Vialidad.
La resolución alcanza al departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. La disposición judicial no impide el uso residencial del inmueble ni dispone su remate inmediato, pero congela la capacidad de enajenar o transferir la propiedad.
La medida, solicitada por el fiscal Diego Luciani y firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, apunta a resguardar el patrimonio necesario para cubrir un decomiso estimado en 685.000 millones de pesos. Dicho monto representa la actualización del perjuicio ocasionado al Estado por las 51 licitaciones viciadas de irregularidades asignadas al Grupo Austral entre 2003 y 2015.
La cautelar abarca 141 inmuebles, 46 vehículos y cuentas bancarias. Entre los activos figuran propiedades inscriptas a nombre de las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., cuyos paquetes accionarios pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner. Además, la lista incluye unidades en el Complejo Madero Center, el terreno del Hotel La Aldea en El Calafate y el chalet particular de la ex mandataria en la costanera de Río Gallegos.
Los magistrados sostuvieron que la cesión gratuita de acciones familiares no exime a los activos de ser cautelados. Según la resolución, la investigación probó que los fondos de la maniobra delictiva circularon e impactaron directamente en el patrimonio de las sociedades comerciales de la familia.
Paralelamente, el requerimiento fiscal exige la reserva de más de 4,6 millones de dólares hallados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner y fondos depositados en entidades bancarias.
El fallo del TOF 2 actúa sobre un segundo listado de propiedades. La primera nómina, compuesta por 111 inmuebles y ratificada previamente por la Cámara Federal de Casación Penal, permanece bajo el análisis de la Corte Suprema de Justicia, organismo que debe emitir la definición firme sobre la ejecución patrimonial.
Mientras el expediente avanza en el máximo tribunal, la anotación registral asegura que los bienes permanezcan inmovilizados ante eventuales maniobras de desprendimiento.
El procedimiento legal abre interrogantes sobre los tiempos reales de recuperación de los fondos públicos: ¿logrará la Justicia liquidar estos activos y concretar el resarcimiento fijado, o el proceso se dilatará en complejas apelaciones sobre la titularidad de las sociedades?
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Tras el pedido del fiscal Diego Luciani, el Tribunal Oral Federal 2 oficializó esta semana el embargo del departamento porteño donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, para resguardar bienes por un fraude al Estado estimado en 685.000 millones de pesos.
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