Denunciado por acoso sexual y mal desempeño, el juez de San Isidro Ernesto García Maañón fue apartado preventivamente de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense para avanzar con el juicio político en su contra.
Denunciado por acoso sexual y mal desempeño, el juez de San Isidro Ernesto García Maañón fue apartado preventivamente de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense para avanzar con el juicio político en su contra.
El tribunal encargado del juzgamiento, presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Torres, e integrado por legisladores y representantes de colegios de abogados, determinó el alejamiento transitorio del camarista. La decisión judicial abre un plazo de 90 días para la realización de audiencias, la producción de pruebas y la posterior definición del juicio político.
La investigación comenzó en julio de 2025 a partir de la presentación formal de una funcionaria judicial del propio tribunal. La denunciante acusó a García Maañón de acoso sexual y laboral sistemático, y aportó ante la justicia penal y las autoridades disciplinarias más de 150 audios y mensajes de texto con insinuaciones sobre su aspecto físico y propuestas personales.
El expediente penal sumó mayor gravedad tras la declaración de la víctima sobre presuntos actos de intimidación dentro del despacho, que incluyeron la exhibición de un arma de fuego. Posteriormente, un allanamiento en el domicilio del magistrado derivó en el secuestro de armamento semiautomático depositado en una caja fuerte.
La Procuración General bonaerense, bajo la conducción de Julio Conte-Grand, impulsó la acusación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. A dicha causa se acumuló más tarde una presentación efectuada por el Colegio de Abogados de San Isidro.
Frente al avance de las investigaciones, García Maañón presentó su renuncia, pero la dimisión fue rechazada por el gobernador provincial, Axel Kicillof, decisión que garantizó la continuidad del juzgamiento institucional.
El Ministerio Público Fiscal formuló seis imputaciones contra el magistrado de 76 años. El primer punto abarca situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres en el ámbito laboral. El segundo cargo contempla malos tratos reiterados hacia empleados y funcionarios mediante órdenes arbitrarias, descalificaciones y expresiones de carácter autoritario.
Asimismo, la acusación incluye el uso indebido de recursos materiales y humanos del Estado para comodidad personal, sumado a comportamientos irrespetuosos hacia superiores e intimidaciones basadas en su posición jerárquica. Los últimos dos cargos corresponden a supuestos intentos de ejercer presión sobre testigos de la causa y a la delegación irregular de su firma digital en contravención con las normas vigentes.
El procedimiento formal iniciado por el Jurado de Enjuiciamiento deberá establecer si las faltas atribuidas al camarista configuran un cuadro de mal desempeño incompatible con la permanencia en la magistratura provincial.
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