DÍA DE LA ANCIANIDAD: DESDE LA PROCLAMACIÓN DE DERECHOS A LA TENSION CADA MIÉRCOLES

A 77 años de la proclamación que convirtió a la Argentina en pionera en la protección de las personas mayores, los haberes previsionales atraviesan una severa pérdida de poder adquisitivo. La jornada se conmemora entre el recuerdo de la Constitución de 1949 y las protestas semanales contra el ajuste fiscal.

Este 28 de agosto se conmemora una nueva edición del Día de la Ancianidad en la Argentina, una fecha institucionalizada a partir de un hito en la historia de la seguridad social del país. Sin embargo, el 77.° aniversario de la proclamación de los Derechos de la Ancianidad encuentra a los adultos mayores en un escenario económico y social crítico: la licuación de las jubilaciones frente a la inflación y el deterioro del esquema previsional posicionan a esta franja de la población entre los sectores cuyos derechos de cobertura se encuentran más severamente condicionados por el ajuste del Estado.

El contraste entre el marco legal histórico y la realidad contemporánea es insoslayable. El 28 de agosto de 1948, Eva Perón anunció el Decálogo de la Ancianidad, una iniciativa que al año siguiente adquirió rango constitucional tras ser incorporada en la Carta Magna de 1949. Aquel texto establecía diez garantías fundamentales: asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, salud mental, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto. La medida formalizó un cambio de paradigma en la administración pública, desplazando el concepto de la beneficencia privada para reconocer a las personas mayores como sujetos de derecho pleno.

Un presente cruzado por la pérdida de poder adquisitivo y el veto previsional

Más de siete décadas después, la coyuntura del sector dista sustancialmente de aquellos postulados. De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) e informes técnicos privados, los haberes mínimos han registrado un marcado retroceso en su capacidad de compra, profundizado en los últimos años por las sucesivas modificaciones en las fórmulas de movilidad y la escalada inflacionaria en rubros sensibles como alimentos y medicamentos.

Esta situación generó un fenómeno inédito de bancarización compulsiva por endeudamiento: se estima que más de cuatro millones de jubilados mantienen créditos o deudas financieras para cubrir sus necesidades básicas, mientras que la tasa de mora del sector casi se triplicó en el último año. La reciente sanción y posterior veto presidencial a la ley de recomposición de los haberes previsionales reavivó la conflictividad política e institucional en torno al financiamiento de la clase pasiva.

Protestas semanales y el despliegue del protocolo de seguridad

La manifestación más visible de este conflicto tiene lugar en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Cada miércoles, agrupaciones de jubilados y pensionados junto a organizaciones sociales se concentran frente al Palacio Legislativo para exigir la restitución de la ley de aumento de haberes y la ampliación de la cobertura de medicamentos por parte de PAMI.

Estas convocatorias semanales derivaron de forma reiterada en episodios de extrema tensión en la vía pública debido a la aplicación del protocolo de mantenimiento del orden público del Ministerio de Seguridad. El despliegue de las fuerzas de seguridad federales e infantería para despejar la avenida Rivadavia y garantizar la circulación vehicular incluye el uso de escudos, camiones hidrantes y gas pimienta, lo que desató denuncias por el accionar policial contra manifestantes de avanzada edad y derivó en la intervención de la Defensoría del Pueblo para monitorear los operativos.

El choque de fuerzas en las inmediaciones del Parlamento expone un dilema estructural para la gestión pública: el equilibrio de las cuentas fiscales como objetivo de política macroeconómica frente a la sustentabilidad del régimen previsional y la garantía de una vida digna para la población de la tercera edad.

El debate institucional sobre el modelo previsional

El Día de la Ancianidad nació para visibilizar y proteger la vejez desde una perspectiva estatal de cobertura universal. En la actualidad, especialistas en derecho previsional y economistas debaten sobre la viabilidad del sistema de reparto en la Argentina, cruzado por un alto porcentaje de empleo no registrado y un estancamiento en la creación de puestos de trabajo formales que financien las cajas del Estado.

A 77 años de la presentación formal del Decálogo que colocó al país a la vanguardia internacional en materia de previsión social, la conmemoración transcurre en medio de una profunda polarización. Entre el texto constitucional de 1949 que prometía asistencia integral y respeto institucional, y la postal de los reclamos callejeros reprimidos por las fuerzas de seguridad frente al Congreso, la sociedad argentina enfrenta el desafío de rediscutir un modelo donde la austeridad económica no deje desprotegidos a los sectores más vulnerables.

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