Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su profunda preocupación frente al proyecto de ley que busca incorporar la figura del "ecocidio" al Código Penal Argentino.La iniciativa obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, quedando habilitada para su tratamiento en el recinto. La entidad advirtió …
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su profunda preocupación frente al proyecto de ley que busca incorporar la figura del “ecocidio” al Código Penal Argentino.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, quedando habilitada para su tratamiento en el recinto. La entidad advirtió que la redacción actual carece de precisión técnica y afecta la seguridad jurídica del sector.
Desde la entidad sostuvieron que la protección del medio ambiente es un compromiso ineludible, pero enfatizaron que ello “no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional”.
En este sentido, rechazaron las posturas que señalan una falta de regulación, recordando que la Argentina cuenta con un amplio plexo legal que abarca la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y diversas normativas provinciales. Para la institución, “el verdadero desafío no es crear nuevos delitos con definiciones ambiguas, sino hacer cumplir eficazmente la legislación vigente”.
Asimismo, cuestionaron la inclusión de conceptos indeterminados como “daño ambiental irreversible” o “equidad intergeneracional”, remarcando que esa imprecisión vulnera el principio de legalidad consagrado en la Carta Magna. Al configurar una ley penal en blanco, advierten que una misma conducta podría ser sancionada de forma dispar según la jurisdicción.
La preocupación de la entidad excede al sector agropecuario y alcanza a la industria, la minería, la energía y la infraestructura. Según alertaron, la posibilidad de que productores y profesionales sean sometidos a procesos penales por actividades reguladas genera una amenaza que “puede paralizar inversiones, desalentar la producción y promover una judicialización permanente de la actividad económica”.
El agro nacional desarrolla sus labores cumpliendo normativas específicas y realizando inversiones constantes. Por ello, enfatizaron que el sector “no puede ser colocado bajo sospecha mediante una figura penal que no distingue adecuadamente entre una conducta deliberadamente dañosa y una actividad productiva desarrollada conforme a la normativa vigente”.
Finalmente, CRA instó a la Cámara Alta a actuar con responsabilidad institucional y exigió frenar el avance del texto. La organización concluyó que “la Argentina necesita reglas claras, previsibles y aplicables, no nuevas herramientas de incertidumbre”, por lo que solicitó que el dictamen sea revisado integralmente para garantizar el respeto a los principios de proporcionalidad, igualdad y legalidad.
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