Tras una investigación judicial, el abogado Martín Castillo fue detenido en Palermo acusado de triangular llamadas desde la cárcel de Marcos Paz para transmitir órdenes de sicariato y narcotráfico de capos rosarinos.
Tras una investigación judicial, el abogado Martín Castillo fue detenido en Palermo acusado de triangular llamadas desde la cárcel de Marcos Paz para transmitir órdenes de sicariato y narcotráfico de capos rosarinos.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la detención del abogado penalista Martín Castillo en el barrio porteño de Palermo. La investigación judicial determinó que el profesional no limitaba su ejercicio a la defensa técnica, sino que integraba la asociación ilícita liderada por el recluso Francisco Riquelme.
El operativo concluyó en la avenida Scalabrini Ortiz, luego de un seguimiento iniciado en la calle Uriarte por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Policía Federal Argentina.
El letrado aprovechaba la garantía de confidencialidad entre abogado y cliente para vulnerar los controles del Régimen de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Las fiscales Marina Vigo y Mercedes Banchio detectaron que Castillo facilitaba la comunicación de los detenidos Claudio “Morocho” Mansilla y Francisco Riquelme con operadores externos. El mecanismo consistía en recibir la llamada del interno y enlazarla mediante un segundo teléfono en altavoz hacia delincuentes en libertad.
Durante las escuchas judiciales se registraron directivas para la colocación de banderas con amenazas en Villa Gobernador Gálvez y la planificación de homicidios. En el procedimiento de arresto, las fuerzas de seguridad incautaron dos teléfonos celulares que serán peritados para la causa.
Paralelamente, las autoridades imputarán este viernes a Ezequiel Riquelme, hijo del capo narco, detenido semanas atrás en Rosario. La fiscalía lo ubica como el organizador del esquema territorial y financiero de la banda, mientras que a Castillo le atribuirán el rol de integrante clave en la cadena de mando.
El arresto de Castillo no constituye un hecho aislado dentro del sistema penitenciario. En septiembre anterior, la Justicia aprehendió al abogado Iván Carlos Méndez a la salida del Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza. Aquella pesquisa de la Procuraduría de Narcocriminalidad acreditó que Méndez funcionaba como correo humano para 15 jefes criminales, entre ellos Julio Andrés Rodríguez Granthon y Uriel Luciano Cantero.
Aquella investigación previa comenzó cuando el personal del SPF detectó anotaciones con directivas e instrucciones numéricas durante una visita familiar al interno René Ungaro. La reiteración de estas maniobras expone la capacidad de las estructuras criminales para utilizar los recursos legales como herramientas de articulación delictiva.
El Centro de Justicia Penal de Rosario alojará la audiencia imputativa donde se ventilarán las evidencias recopiladas. El caso reabre el debate sobre los límites de la privacidad en las comunicaciones de los letrados defensores cuando existen indicios de actividad delictiva coordinada desde los pabellones de máxima seguridad. ¿Hasta qué punto el derecho a la defensa puede ser preservado sin comprometer la seguridad pública ante el avance del crimen organizado?
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en Argentina el proyecto europeo SPRINT sobre residuos de agroquímicos. El organismo habla de faltas administrativas. Ella y buena parte de la comunidad científica, de persecución.
A pocos días de la llegada del Papa León XIV, Luis Astorga, carpintero de profesión, relata la intimidad de haber fabricado en su taller de barrio Las Palmas los dos sillones de paraíso que utilizará el pontífice en Córdoba.
A través de una publicación en X, el ministerio de Relaciones Internacionales mostró su solidaridad y acompañamiento al pueblo Español.
El senador brasileño aterrizó este miércoles en Florida junto a su familia. Cruzó a la Argentina por Iguazú, salió del país en un avión privado y hizo escala en Guayaquil. La Justicia de Brasil le había prohibido salir y canceló sus pasaportes.
Tenía 74 años y vivía en Pujato, Santa Fe, donde trabajó en el Juzgado de Paz. Atravesaba problemas de salud desde hacía varios años. El entrenador de la Selección le había dedicado públicamente varios de sus títulos.
El grave accidente ferroviario de alta velocidad registrado en Toledo deja consternación institucional tras el mensaje de apoyo del Rey a los afectados y abre una creciente inquietud en las filas del Partido Popular, que aún no logra contactar con Fátima Báñez.
Se espera la declaración de otra de las denunciantes y existe la posibilidad de que también preste testimonial el acusado.
Así lo expresó el partido en un comunicado oficial
