Mediante una reforma a la Carta Magna, el Parlamento de Nicaragua prolongó el período de gobierno a siete años, medida que posterga el calendario electoral hasta 2028 y blinda el veto político a dirigentes opositores.
Mediante una reforma a la Carta Magna, el Parlamento de Nicaragua prolongó el período de gobierno a siete años, medida que posterga el calendario electoral hasta 2028 y blinda el veto político a dirigentes opositores.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución Política que amplía de seis a siete años el período de gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con esta resolución, adoptada durante una sesión extraordinaria realizada en la ciudad de León, el régimen pospuso los comicios generales previstos para noviembre de 2026 y fijó la próxima cita electoral para el año 2028.
El proyecto modifica los artículos 12, 47, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166 de la Carta Magna. Mediante una disposición transitoria, la enmienda extiende de forma inmediata el mandato de las autoridades en funciones elegidas en los comicios de 2021, alcanzando también a los jefes del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, los magistrados de los poderes del Estado y los gobiernos municipales.
Asimismo, el artículo séptimo establece que toda ley vigente referente a cargos públicos se entenderá modificada de pleno derecho para ajustarse a la duración de siete años.
En el ámbito de los derechos políticos, la reforma eleva a rango constitucional la proscripción de candidaturas para personas calificadas por la administración como “traidoras a la patria”, “golpistas” o vinculadas al financiamiento extranjero.
Paralelamente, el Consejo Supremo Electoral recibió atribuciones ampliadas para cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos y sancionar a dirigentes que promuevan medidas restrictivas o injerencia externa.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, sostuvo ante el plenario que el proceso incluyó un dictamen derivado de 36 días de consultas con distintos sectores institucionales. El funcionario argumentó que los cambios buscan garantizar la estabilidad, la soberanía y la paz social frente a presiones internacionales.
Sin embargo, analistas y juristas independientes observaron un cálculo geopolítico en la extensión de los plazos. El abogado Juan Diego Barberena indicó que la medida constituye una exclusión democrática de facto, mientras que el exdiputado Eliseo Núñez planteó que diferir los compromisos electorales hasta 2028 busca ganar margen de maniobra ante eventuales negociaciones con la administración de Estados Unidos.
El contexto externo refleja posturas divididas en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde Estados Unidos promovió una reunión de consulta de cancilleres aprobada por 29 países del Consejo Permanente, en la cual Brasil votó en contra y México se abstuvo.
La normativa modificó también la fecha de toma de posesión presidencial, trasladándola del 10 de enero —asociada al aniversario del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro— al 18 de enero, en homenaje al natalicio del poeta Rubén Darío.
La entrada en vigencia plena del nuevo texto constitucional requerirá una segunda ratificación parlamentaria, agendada para el 18 de enero de 2027.
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