Tras cinco años de investigación, la Cámara Federal confirmó el archivo de la causa contra Mauricio Macri por el crédito del FMI, al determinar que las irregularidades administrativas no constituyeron delitos penales en la toma del préstamo.
Tras cinco años de investigación, la Cámara Federal confirmó el archivo de la causa contra Mauricio Macri por el crédito del FMI, al determinar que las irregularidades administrativas no constituyeron delitos penales en la toma del préstamo.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el archivo de la causa penal iniciada en 2019 por la toma del crédito de 57.100 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con las firmas de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, el tribunal rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal y desvinculó de sospecha al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El fallo de alzada confirmó la resolución emitida en primera instancia por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El fiscal Franco Picardi había cuestionado la decisión al señalar la falta de intervención del Congreso Nacional, la ausencia de un decreto presidencial formal, la omisión del dictamen previo del Banco Central (BCRA) según la Ley 24.156 y la apertura tardía de expedientes administrativos.
Asimismo, la fiscalía sostuvo la hipótesis de administración fraudulenta sobre la base de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que calculó un perjuicio patrimonial de 29.618 millones de dólares.
Los camaristas fundamentaron que los cuestionamientos procedimentales no configuraron el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 248 del Código Penal.
El tribunal precisó que dicha figura exige que el funcionario actúe con el propósito explícito de violar la norma de manera arbitraria. Según la resolución, la tramitación se gestionó en un marco de urgencia financiera reconocida y contó con avales jurídicos sobre la competencia de los funcionarios intervinientes.
Respecto de la figura de defraudación, los magistrados sostuvieron que el deterioro patrimonial del Estado no acredita por sí solo la existencia de un delito. El tribunal señaló que la fiscalía no demostró una disposición ruinosa consciente ni el desvío de fondos públicos para beneficio personal o de terceros.
La resolución recordó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre materias de política pública que escapan al control judicial salvo prueba de actos de corrupción.
El expediente reunió durante más de cinco años informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central de la República Argentina. La causa perdió el rol querellante de la Procuración del Tesoro tras la retirada del organismo estatal, por lo que la continuidad del reclamo depende únicamente de las eventuales apelaciones del Ministerio Público Fiscal.
El tribunal concluyó que el plazo de la pesquisa resultó suficiente y que la acusación no logró estructurar una hipótesis delictiva sólida sobre la prueba recolectada.
La decisión judicial reabre el debate sobre los límites entre las decisiones de política económica, las faltas administrativas y las responsabilidades penales de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en Argentina el proyecto europeo SPRINT sobre residuos de agroquímicos. El organismo habla de faltas administrativas. Ella y buena parte de la comunidad científica, de persecución.
A pocos días de la llegada del Papa León XIV, Luis Astorga, carpintero de profesión, relata la intimidad de haber fabricado en su taller de barrio Las Palmas los dos sillones de paraíso que utilizará el pontífice en Córdoba.
A través de una publicación en X, el ministerio de Relaciones Internacionales mostró su solidaridad y acompañamiento al pueblo Español.
El senador brasileño aterrizó este miércoles en Florida junto a su familia. Cruzó a la Argentina por Iguazú, salió del país en un avión privado y hizo escala en Guayaquil. La Justicia de Brasil le había prohibido salir y canceló sus pasaportes.
Tenía 74 años y vivía en Pujato, Santa Fe, donde trabajó en el Juzgado de Paz. Atravesaba problemas de salud desde hacía varios años. El entrenador de la Selección le había dedicado públicamente varios de sus títulos.
El grave accidente ferroviario de alta velocidad registrado en Toledo deja consternación institucional tras el mensaje de apoyo del Rey a los afectados y abre una creciente inquietud en las filas del Partido Popular, que aún no logra contactar con Fátima Báñez.
Se espera la declaración de otra de las denunciantes y existe la posibilidad de que también preste testimonial el acusado.
Así lo expresó el partido en un comunicado oficial
