La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el cierre definitivo de la investigación contra el actual ministro de Economía, Luis Caputo. La resolución judicial confirmó el fallo de primera instancia dictado por el juez federal Julián Ercolini, al concluir que no existió una conducta delictiva ni intencionalidad dolosa por parte del funcionario en la omisión de datos patrimoniales y en la emisión de deuda pública durante su paso por la función pública en 2016.
El expediente, iniciado en 2017 por una denuncia de legisladores opositores tras la filtración internacional conocida como “Paradise Papers”, buscaba determinar si Caputo había incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, uso de información privilegiada y enriquecimiento ilícito.
Las sospechas se centraban en la falta de declaración de su participación en sociedades financieras del exterior —como Noctua Partners y LC Advisors— mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas, y en la adquisición de bonos del Tesoro por parte de la firma Princess International Group Ltd., vinculada a su entorno familiar.
El argumento central del tribunal Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi respaldaron el criterio del juzgado de origen al señalar que las omisiones en las declaraciones juradas no constituyeron un acto malicioso orientado a ocultar patrimonio ni a eludir los controles estatales.
Según el fallo, la participación del funcionario figuraba asentada ante la AFIP y fue aclarada posteriormente ante la Oficina Anticorrupción, lo que descartó el componente delictivo.
Respecto a la compra de 494.702,56 dólares en bonos soberanos por parte de Princess International Group en octubre de 2016, el tribunal acreditó que la operación se realizó mediante oferta pública transparente, accesible a cualquier inversor.
Asimismo, la resolución consignó que, en la fecha de dicha licitación, Caputo ya no mantenía vinculación formal, ejecutiva ni de asesoramiento con la mencionada firma, cuyo titular final era su hermano Flavio Caputo.
La insistencia fiscal y el contexto judicial La decisión de la Cámara se produjo a pesar de los insistentes reclamos del fiscal de la causa, Carlos Rívolo, quien solicitó la declaración indagatoria del ministro en tres oportunidades.
La Fiscalía sostenía que las omisiones en los documentos públicos fueron deliberadas e impidieron evaluar eventuales conflictos de interés mientras Caputo participaba en la emisión de títulos de deuda.
Esta resolución representa otro pronunciamiento favorable en el ámbito penal para integrantes del gabinete nacional, tras confirmarse previamente el archivo de expedientes vinculados a la renegociación del endeudamiento externo. Sin embargo, el dictamen de la Cámara Federal podría ser apelado por el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, para que la causa sea revisada en la Cámara Federal de Casación Penal.