El Presidente Javier Milei resolvió suspender su viaje al Reino Unido, programado originalmente para el 21 de octubre. La decisión se tomó en el marco de una creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Agenda cancelada: Quedó sin efecto su conferencia en la Universidad de Oxford y las reuniones con empresarios.
Prioridad diplomática: Lllevará el reclamo por las islas a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Sanciones económicas: Se enviará un proyecto para endurecer penas a petroleras y pesqueras que operen con licencias británicas.
La cancelación ocurrió tras las recientes declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, quien afirmó ante el Parlamento que su gobierno será “implacable” en la defensa de la autodeterminación de los isleños. A su vez, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, intentó minimizar el reclamo argentino sosteniendo que las medidas del Ejecutivo responden a la política interna local.
Giro en la agenda internacional y foco en las Naciones Unidas
Ante este escenario, la Casa Rosada reestructuró el itinerario internacional del jefe de Estado. La comitiva oficial, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, concentrará sus esfuerzos en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, el Gobierno buscará dar visibilidad internacional a la causa, utilizando esa plataforma multilateral como el eje central de su estrategia diplomática.
Endurecimiento de sanciones y despliegue estratégico
En paralelo a la suspensión del viaje, el Ejecutivo prepara un proyecto de ley que modificará la norma 26.659 (conocida como “ley Pino Solanas”). La iniciativa busca incrementar las sanciones legales y financieras contra empresas multinacionales que participen en la explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion o ejecuten tareas pesqueras con permisos de las autoridades británicas en Malvinas.
A estas medidas se suma la decisión de ampliar el presupuesto del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Las acciones oficiales se aceleraron tras los dichos del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien puso en duda el respaldo de Washington a Londres en un eventual conflicto por la soberanía del Atlántico Sur.