El Gobierno analiza las ofertas de dos poderosos consorcios para privatizar AySA por 30 años: la alianza de los reyes del cloro y el grupo Roggio compiten por el control del agua en la región metropolitana.
El Gobierno analiza las ofertas de dos poderosos consorcios para privatizar AySA por 30 años: la alianza de los reyes del cloro y el grupo Roggio compiten por el control del agua en la región metropolitana.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos entró en su fase más caliente. Tras la apertura de sobres, el Gobierno confirmó cuáles son los dos grupos económicos que compiten para quedarse con el 90% de las acciones de la compañía pública. Se trata de un negocio colosal que abastece a 3,8 millones de usuarios en la Capital Federal y en 26 municipios del conurbano bonaerense, donde el 10% restante del capital seguirá bajo el régimen de propiedad participada de los trabajadores.
El proceso licitatorio actual prevé la entrega de la concesión por un plazo de 30 años, con posibilidad de prórroga por una década más. El pliego definitivo impone a la firma ganadora un compromiso de inversión inicial que ronda los 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años de gestión, destinados a garantizar la cobertura, la calidad del servicio y el mantenimiento integral de toda la red hídrica.
Los competidores: Por un lado, una alianza integrada por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos Saneamento y PHX; por el otro, la firma Roggio ROAS.
El volumen del servicio: AySA brinda prestaciones de agua potable y saneamiento a casi 4 millones de hogares.
La exigencia del pliego: El nuevo concesionario deberá volcar 2.000 millones de dólares en infraestructura durante el primer lustro.
El primer consorcio en carrera está encabezado por Roggio ROAS S.A.U., la estructura que el holding creó para canalizar proyectos hídricos. La propuesta comercial suma el respaldo de Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Central Buen Ayre e Hidrosan Capital. En el sector, la empresa ostenta como mayor carta de presentación la gestión de Aguas Cordobesas, sumada a la operación del subte porteño mediante Emova Movilidad y del ferrocarril Urquiza a través de Metrovías.
Sin embargo, sobre la figura del grupo pesa la sombra judicial de Aldo Roggio, quien en 2018 se declaró arrepentido e imputado colaborador dentro de la famosa causa de los Cuadernos. En su confesión ante los tribunales, el empresario admitió haber pagado retornos periódicos en efectivo al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, equivalentes al 5% de los subsidios que percibía su firma. Según sus declaraciones, los desembolsos se extendieron entre 2003 y 2011 para no perder las concesiones de transporte.
Para disimular el impacto de estos antecedentes y cumplir con la solvencia requerida en el pliego de AySA, la compañía sumó el asesoramiento técnico internacional de la firma israelí Mekorot y de la japonesa Marubeni. No obstante, la composición formal del consorcio presentado en la licitación se concentra mayoritariamente en las sociedades argentinas.
La segunda propuesta competidora está liderada por Rowing S.A., una constructora e ingeniería industrial perteneciente al Grupo Román. Este conglomerado unió fuerzas con Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, la firma que desde 2009 es la proveedora exclusiva de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA. Con este movimiento, Filiberti busca pasar del rol de proveedor estratégico al de dueño directo del servicio.
El poder de Filiberti en el mapa de los servicios públicos se complementa con su participación accionaria en la distribuidora eléctrica Edenor y la reciente adquisición de Metrogas junto a sus socios. El elevado consumo de energía que demanda la planta potabilizadora de AySA convierte a esta alianza en una sinergia de alto impacto comercial y logístico para el sector energético e industrial.
El respaldo operativo de este consorcio proviene de Arcos Saneamento e Participações, filial del poderoso Grupo Equipav de Brasil y operadora de Águas do Rio. Esta compañía fue la elegida para acreditar la experiencia técnica internacional en la gestión de redes de agua masivas, contando además con el soporte financiero del fondo soberano de Singapur (GIC) y la firma PHX Aqua AR B.V., radicada en los Países Bajos.
La comisión evaluadora del Poder Ejecutivo se encuentra revisando las carpetas con la documentación legal, financiera y técnica presentada por ambas alianzas. Quienes logren superar esta primera auditoría quedarán habilitados para participar de la apertura de los sobres económicos, donde la variable determinante será la oferta en dólares propuesta por el paquete accionario estatal.
El plan oficial contempla que el consorcio ganador tome el control operativo de la distribuidora de agua antes de que finalice el año. Sin embargo, los plazos definitivos estarán sujetos a las eventuales impugnaciones que puedan presentar las partes durante la compulsa, en una privatización que promete mantener la máxima atención política y empresarial.
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