El magistrado federal Ariel Lijo dispuso una batería de 20 medidas de prueba sobre el patrimonio del presidente de la AFA. La investigación, originada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, se enfoca en sus ingresos como funcionario del CEAMSE y sus haberes en la CONMEBOL.
El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero sobre Claudio “Chiqui” Tapia. La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca reconstruir la evolución patrimonial del dirigente en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Levantamiento de secreto: Disposición sobre las cuentas, activos e historial tributario de Tapia.
Foco en el CEAMSE y CONMEBOL: Requerimiento de declaraciones juradas, sueldos y anexos reservados por sus cargos públicos entre 2016 y 2025, junto a un exhorto a la entidad sudamericana.
Rastreo financiero integral: Pedidos de información al BCRA, billeteras virtuales, plataformas de criptoactivos (con plazo de 72 horas) y registros de bienes.
Origen de las actuaciones: Investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.
La pesquisa judicial centra su atención en el desempeño de Tapia dentro del CEAMSE, donde se desempeñó como vicepresidente en representación de la CABA (2016-2024) y como presidente por la Provincia de Buenos Aires desde 2025. El juzgado requirió al organismo estatal su legajo completo, comprobantes de haberes y cuentas de acreditación, aclarando que su rol al frente de la AFA es ad honorem y no integra el objeto de la causa.
En paralelo, Lijo libró un exhorto internacional a la CONMEBOL con sede en Paraguay para obtener copia de su legajo, el detalle de los cargos ejercidos, las liquidaciones percibidas y las cuentas bancarias utilizadas para los pagos. Asimismo, solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) auditar si el incremento de sus bienes guarda relación con su capacidad contributiva declarada.
El Banco Central deberá circularizar a todas las entidades del país la orden de informar sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, tarjetas de crédito y cajas de seguridad asociadas al investigado. La investigación abarca también operaciones en el Sistema Nacional de Pagos a través de COELSA y transferencias al exterior por medio de empresas remesadoras.
En el plano digital, la Comisión Nacional de Valores y plataformas como Binance, Ripio, Belo, Ualá y OKX cuentan con un plazo de 72 horas para reportar la existencia de billeteras cripto, direcciones IP y transacciones registradas. Finalmente, se cruzará información con los registros de la propiedad inmueble y automotor de Buenos Aires, CABA y San Juan, sumado a un informe integral de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En medio del juicio contra el músico “Pity” Álvarez, Jacqueline Guzzardi reconstruyó las últimas horas de vida de su padre, Cristian Díaz. Durante su testimonio, reveló un impactante secreto familiar descubierto años después del trágico crimen en Villa Lugano.
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El gasto de los hogares volvió a retroceder en agosto y acumula nueve meses en terreno negativo. La pérdida de poder adquisitivo golpeó a los alimentos y servicios, mientras que las motos y bienes semidurables mostraron leves repuntes.
El artículo 17 del proyecto deroga las disposiciones de la Ley 27.160 que obligan a ajustar las prestaciones según la inflación. La iniciativa no contempla un mecanismo de cálculo sustituto, por lo que los reajustes futuros dependerán de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
El magistrado federal Ariel Lijo dispuso una batería de 20 medidas de prueba sobre el patrimonio del presidente de la AFA. La investigación, originada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, se enfoca en sus ingresos como funcionario del CEAMSE y sus haberes en la CONMEBOL.
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