El artículo 17 del proyecto deroga las disposiciones de la Ley 27.160 que obligan a ajustar las prestaciones según la inflación. La iniciativa no contempla un mecanismo de cálculo sustituto, por lo que los reajustes futuros dependerán de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
El Gobierno nacional presentó en el Congreso su nueva hoja de ruta económica para el próximo año. Dentro del extenso documento oficial, un breve apartado encendió las alertas sobre el futuro de los planes sociales. Se trata del controvertido artículo 17, que busca poner fin a la actualización preestablecida de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El dato explosivo: Si se aprueba este cambio, las asignaciones familiares ya no se ajustarán automáticamente por inflación, y todo aumento dependerá exclusivamente de la decisión del Poder Ejecutivo.
La propuesta oficial apunta directamente a derogar el corazón de la Ley 27.160, sancionada hace más de una década. Esta normativa vigente es la que garantiza la movilidad constante de los beneficios destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
No es la primera vez que la actual administración intenta avanzar con esta profunda modificación estructural. Durante el debate legislativo del Presupuesto 2026, una iniciativa idéntica fue rechazada rotundamente por ambas cámaras, evidenciando la fuerte resistencia a tocar estos ingresos.
La posible eliminación de la fórmula no significa que la asistencia económica vaya a desaparecer de forma inminente. El régimen continuará operativo, pero el Estado ya no tendrá la obligación legal de incrementar mensualmente los montos que cobran millones de personas.
Este drástico cambio también afectará la manera en la que se definen los límites para acceder al beneficio. Al derogarse la norma actual, el Gobierno no estará forzado a actualizar los topes salariales, dejando a muchas personas en riesgo de perder la cobertura ante cualquier suba nominal de sus ingresos.
Actualmente, la legislación vincula de forma directa estas ayudas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al quitar esta contención clave, las familias más necesitadas dependerán de decretos esporádicos para intentar mantener su poder de compra en medio de la dinámica económica.
El texto que fue enviado al parlamento omite por completo la implementación de cualquier mecanismo sustituto. Básicamente, el oficialismo no establece una fórmula de cálculo ni una periodicidad obligatoria para revisar las partidas que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
A pesar de la firme intención de eliminar la actualización por ley, las planillas económicas contemplan una inyección de fondos considerable. Se proyectan gastos totales por 14,35 billones de pesos para sostener todo el sistema familiar durante el próximo calendario.
Este ambicioso monto final representa un incremento del 22,9% respecto a los números pautados para el año anterior. Sin embargo, al no existir una regla, el oficialismo no aclara cómo se distribuirá el dinero a lo largo de los meses ni qué porcentaje exacto de mejora recibirá cada asistencia.
El peso más grande de este masivo presupuesto recaerá sobre el subprograma de Protección Social. Esta caja específica, que sostiene a la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar, demandará un impactante desembolso de 9,18 billones de pesos.
Las proyecciones elaboradas por los equipos técnicos estiman que la red estatal se mantendrá en niveles completamente estables. El plan de asistencia principal alcanzará a 4.143.930 beneficiarios, sumando apenas a diez mil nuevas personas en la comparación interanual.
En los fundamentos del documento, la gestión actual aprovechó para sacar pecho por los resultados obtenidos desde su asunción. Según sus propios informes estadísticos, la asignación universal registró un espectacular salto real del 110% frente a los valores que se registraban en diciembre de 2023.
Para fortalecer su postura, las máximas autoridades resaltaron fuertemente el impacto de los últimos desembolsos. Recordaron que la AUH y la AUE lograron romper la barrera de los 150.848 pesos mensuales durante el último calendario de pagos correspondiente a agosto.
Finalmente, el mensaje institucional hace un énfasis especial en el poder adquisitivo recuperado a través de los programas complementarios. Desde el Gobierno aseguran que la suma de todos los beneficios permite cubrir más del 95% de la canasta básica alimentaria, mejorando radicalmente el 55% heredado de la administración pasada.
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El artículo 17 del proyecto deroga las disposiciones de la Ley 27.160 que obligan a ajustar las prestaciones según la inflación. La iniciativa no contempla un mecanismo de cálculo sustituto, por lo que los reajustes futuros dependerán de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
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