Durante una nueva audiencia del juicio Cuadernos, el Tribunal Oral Federal 7 proyectó imágenes del allanamiento de 2018 al departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, donde un jefe policial ratificó la existencia de puertas blindadas pese a las quejas de la defensa.
El juicio oral por la causa Cuadernos sumó una jornada de debate procesal tras la proyección de imágenes inéditas del allanamiento realizado el 23 de agosto de 2018 en el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta.
La exhibición del material fue solicitada por la fiscal Fabiana León durante la declaración del comisario retirado de la Policía Federal Juan Carlos Barrales, quien estuvo al frente del operativo en el inmueble ubicado en las calles Uruguay y Juncal.
Durante la transmisión de las grabaciones ante el Tribunal Oral Federal 7, el testigo detalló la presencia de accesos reforzados en la propiedad. “Entramos por una puerta blindada. Había otra puerta blindada de lo que supusimos era la habitación matrimonial”, explicó Barrales ante los jueces.
El ex jefe policial precisó que la estructura se encontraba detrás de la cama y daba paso a un espacio tipo vestidor, el cual debió ser reabierto por un colaborador de la ex mandataria tras cerrarse accidentalmente durante la inspección.
La proyección del video generó el reclamo de la defensa. El abogado Carlos Beraldi solicitó suspender la exhibición al sostener que “se exhibe de manera innecesaria la intimidad” de su asistida.
Frente a la objeción, la fiscal León rechazó el planteo y remarcó la validez del procedimiento en un proceso público: “Las normas no las ponen los abogados, por más poderosos que sean, las normas del juicio responden a las decisiones del Presidente”.
Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero autorizaron por mayoría continuar con la reproducción, restringiéndola a los tramos de directo interés probatorio, mientras que el juez Germán Castelli votó en minoría por hacer lugar al reclamo defensista.
Asimismo, la declaración del jefe policial dejó en evidencia contradicciones con testimonios previos. Barrales negó haber recibido llamadas del fallecido juez Claudio Bonadio para extender el registro “hasta encontrar algo”.
Esta afirmación desmintió lo expuesto en mayo por el encargado del edificio, Julio Silva, quien durante el juicio reconoció irregularidades en su declaración inicial de 2018: “Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”. Ante las versiones contrapuestas, la fiscalía solicitó un careo entre ambos testigos.
La incorporación de registros audiovisuales a las audiencias públicas reabre la discusión sobre los límites entre la difusión de evidencias en procesos de alto impacto político y el resguardo de las garantías constitucionales de los imputados.
Corresponderá al tribunal evaluar el valor probatorio de estas imágenes en el contexto general de las declaraciones testimoniales que continuarán en las próximas semanas.
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