Tras la disolución de la antigua obra social militar por deudas multimillonarias, Defensa ordenó transferir sus hoteles a las Fuerzas Armadas. ATE denunció un desmantelamiento del patrimonio y alertó por la suspensión de servicios médicos para los afiliados.
Frente a un pasivo patrimonial cercano a los 213 mil millones de pesos que forzó el cese operativo del antiguo instituto de salud castrense y su división entre Defensa y Seguridad, la cartera conducida por el teniente general Carlos Presti determinó la transferencia de diversas propiedades hacia los Estados Mayores del Ejército, la Marina y la Aviación. Mediante una disposición administrativa, el Ejecutivo formalizó que la tutela de recintos de descanso y hospedaje —con especial eje en complejos balnearios marplatenses como el Metropol y El Cóndor— quedará bajo el control directo de las fuerzas armadas desde el comienzo del mes próximo, desvinculándolos de la gestión asistencial de la nueva entidad OSFA.
La decisión oficial suscitó un fuerte rechazo por parte del gremio ATE, cuyos representantes acudieron al ámbito parlamentario para denunciar un paulatino desmantelamiento de los recursos colectivos y alertar por la estabilidad de casi 600 puestos de trabajo. Desde la cúpula sindical argumentan que el traspaso contraviene los lineamientos de la normativa fundacional que exige la restitución patrimonial directa a la obra social, en un contexto crítico donde los más de medio millón de afiliados enfrentan severas restricciones prestacionales, escasez de insumos quirúrgicos en sanatorios militares y falta de cobertura farmacéutica en diversos puntos del país.
El icónico cineasta inaugurará su propio espacio cultural en California tras una monumental inversión. El edificio albergará 40.000 piezas de arte, exhibirá un diseño espacial y ofrecerá entrada gratuita para los residentes de la zona sur.
La Policía española intentó reubicar a miles de migrantes hacia un nuevo campamento portuario, pero los escasos cupos desataron una peligrosa avalancha. El operativo culminó con incidentes y más de 2000 personas obligadas a volver a las playas.
El Gobierno despidió a decenas de trabajadores civiles de la Quinta de Olivos para cederle la administración a las Fuerzas Armadas. Aunque la versión oficial alude a temas de seguridad, fuertes rumores indican que el Presidente sospecha un intento de envenenamiento contra sus perros.
Con 41 votos a favor y 25 en contra, la Cámara Alta dio media sanción a un proyecto de ley que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol y biodiesel. La iniciativa generó un fuerte debate transversal según los intereses productivos de cada provincia.
La desocupación nacional alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026. Los datos del Indec revelan una profunda desigualdad geográfica: mientras los grandes centros urbanos sufren la falta de empleo, algunas localidades pequeñas mantienen índices cercanos a cero.
El Ejecutivo promulgó la ley que ratifica el convenio de extradición con Chile. El acuerdo agiliza la entrega recíproca de requeridos por la justicia, establece un trámite digital sin apostilla y fija las Cancillerías como vías de gestión.
Tras la disolución de la antigua obra social militar por deudas multimillonarias, Defensa ordenó transferir sus hoteles a las Fuerzas Armadas. ATE denunció un desmantelamiento del patrimonio y alertó por la suspensión de servicios médicos para los afiliados.
El Ministerio de Salud fijó una suba del 1,7% para las prestaciones de discapacidad a partir de septiembre, según la inflación de agosto. El esquema mantiene un recargo del 20% para la Patagonia e impacta en centros, hogares y transporte.
