La Cancillería argentina presentó una nota formal de protesta ante la Embajada británica por la prórroga unilateral de permisos offshore por cinco años en el Atlántico Sur, acto considerado violatorio del derecho internacional.
La Cancillería argentina presentó una nota formal de protesta ante la Embajada británica por la prórroga unilateral de permisos offshore por cinco años en el Atlántico Sur, acto considerado violatorio del derecho internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó el rechazo institucional ante la decisión de la administración isleña de extender las licencias de hidrocarburos y autorizar a Navitas Petroleum a adquirir el 65% del bloque PL001.
En ese marco, el canciller Pablo Quirno afirmó que “la exploración y explotación de hidrocarburos no autorizada en la Plataforma Continental Argentina viola el derecho internacional y las reiteradas Resoluciones de la ONU”.
Desde el Palacio San Martín recordaron que estas acciones unilaterales vulneran la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, la cual insta a ambas partes a no modificar la situación mientras persista la controversia.
Paralelamente, el Gobierno reafirmó que aplicará las Leyes 26.659 y 26.915 junto al Decreto 868/2026 para sancionar a las empresas involucradas. “Seguiremos accionando con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas contra las empresas y directivos que operen ilegalmente”, advirtió Quirno.
Por su parte, la administración de las islas defendió la extensión de las concesiones petroleras. La responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la Asamblea Legislativa del archipiélago, Cheryl Roberts, sostuvo que la medida busca brindar “seguridad a los operadores” para dar continuidad a los proyectos energéticos en la zona.
La decisión de las autoridades locales beneficia directamente al proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas. Las compañías operadoras proyectan iniciar la extracción comercial de crudo en marzo de 2028, con estimaciones de ingresos por 2.000 millones de dólares en regalías a lo largo de 30 años.
Sin embargo, las actividades enfrentan un freno en los tribunales argentinos. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordena a las firmas Navitas y Rockhopper abstenerse de continuar las obras asociadas a Sea Lion.
Estas acciones se enmarcan en la política exterior fijada por el Poder Ejecutivo sobre el Atlántico Sur. En intervenciones previas sobre la materia, el presidente Javier Milei ratificó la postura nacional al señalar que “las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay debate”.
A pesar de las sanciones administrativas y las demandas penales en curso, la diplomacia argentina reiteró su disposición a entablar un diálogo constructivo con Londres para reanudar las negociaciones bilaterales conforme a la Resolución 2065 (XX) de la ONU.
Resta por ver si la vía legal y las advertencias de la Cancillería lograrán disuadir las inversiones internacionales o si la avanzada petrolera profundizará el distanciamiento diplomático entre ambas naciones.
El primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió que su país responderá ante cualquier amenaza a la soberanía del archipiélago, tras las recientes medidas y reclamos formalizados por el presidente argentino, Javier Milei.
Manuel Passaglia, diputado bonaerense, presentó un proyecto para reformar el Código de Faltas provincial e incorporar penas de hasta 60 días de arresto, multas y rescates preventivos contra el maltrato y abandono animal.
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Luego del reclamo de Vélez por la inclusión de extranjeros, la AFA determinó que el error de Boca fue administrativo, impuso una sanción económica y dejó firme la clasificación xeneize a los cuartos de final.
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