Durante un pase radial en Radio Rivadavia, el periodista Daniel Avellaneda desconoció la identidad de Florencia de la V frente a la pasividad de la conducción, reabriendo el debate por la Ley 26.743 y las denuncias judiciales tras el cierre del INADI.
Durante la emisión del programa radial Pan y Circo en Radio Rivadavia, una discusión sobre la actuación de la jueza Laura De Marinis en la liberación de un menor de 14 años derivó en un ataque directo contra la identidad de género de la conductora Florencia de la V por parte del periodista deportivo Daniel Avellaneda.
El episodio se originó cuando la mesa leyó una publicación en la red social X donde la presentadora cuestionaba la reacción mediática frente a distintos fallos judiciales. Ante esto, Avellaneda expresó: “Este señor tiene la mente equivocada”, agregando segundos después: “Es un señor, es un señor impresentable, una vergüenza”.
En el intercambio al aire, el periodista Lucas Morando intervino para señalar que Florencia de la V es una mujer y que correspondía respetar su identidad. Por su parte, el conductor Jonatan Viale buscó encauzar la discusión hacia el fallo judicial, mientras que la co-conductora Cristina Pérez mantuvo silencio durante la emisión del segmento.
El conflicto escaló a la salida de la emisora radial cuando una cronista del programa televisivo SQP abordó al comunicador. Lejos de retractarse, Avellaneda ratificó sus dichos ante el micrófono: “¿No es un señor? Me parece que es un señor. ¿Biológicamente no es un hombre? Para mí no es una mujer”.
La discusión en la vía pública incluyó gritos y gestos despectivos sobre la anatomía de la conductora, lo que motivó la presencia de un efectivo de la Policía de la Ciudad. Consultadas horas más tarde, las partes involucradas adoptaron posiciones opuestas sobre los hechos ocurridos.
Al ser abordada por la prensa, Cristina Pérez eludió calificar la conducta de su compañero de mesa sosteniendo: “No me meto en polémicas, mi amor, en serio”. En tanto, Viale admitió ante la producción de SQP que el episodio estuvo mal, aunque ratificó su discrepancia con la opinión política de De la V.
Por su parte, Florencia de la V hizo pública su postura mediante un mensaje leído en televisión: “Es más de lo mismo. Hace años que me atacan con lo mismo, como si me ofendieran. Eso es no tener argumentos”. En privado, Avellaneda sostuvo su posición afirmando: “Yo puedo considerarme pájaro y si me tiró de un balcón, no vuelo”.
Las expresiones vertidas al aire chocan directamente con los preceptos de la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada por el Congreso en mayo de 2012. La norma garantiza en sus primeros artículos el derecho al reconocimiento de la identidad autopercibida y al libre desarrollo personal conforme a dicha vivencia.
En su artículo 12, la legislación establece la obligatoriedad del trato digno, especificando que debe respetarse la identidad adoptada por las personas a su solo requerimiento. La norma exige que tanto en ámbitos públicos como privados se utilice el nombre de pila elegido para cualquier citación, llamado o gestión pública.
Asimismo, la Ley 26.743 prohíbe explícitamente cualquier norma, reglamentación o procedimiento que limite, restrinja o suprima el ejercicio de la identidad de género. Sin embargo, este marco normativo no contiene en su articulado un régimen de sanciones penales directas o multas pecuniarias para los infractores.
El episodio mediático se produce en un escenario institucional modificado por la disolución del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Creado en 1995 mediante la Ley 24.515, el organismo actuó durante casi tres décadas como el canal estatal para recibir denuncias y emitir dictámenes administrativos.
A través del Decreto 696/2024, el Poder Ejecutivo dispuso la disolución definitiva del instituto y la transferencia de sus recursos materiales al Ministerio de Justicia. La medida gubernamental se fundamentó en la detección de retrasos injustificados en expedientes, sobredimensionamiento de la estructura y falta de eficiencia operativa.
El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había ratificado la postura oficial manifestando que la gestión se concentraba en achicar el Estado y cerrar organismos que consideraba innecesarios. Sin embargo, la resolución no detalló el destino de la Línea 168, canal gratuito que brindaba contención y asesoramiento a víctimas de discriminación.
Ante la disolución de la vía administrativa, la cartera de Justicia informó que las denuncias por discriminación deben realizarse directamente ante la Justicia ordinaria. Esta indicación remite a la aplicación de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, norma sancionada en 1988 que penaliza la incitación al odio y la persecución.
Especialistas en derecho antidiscriminatorio advierten sobre las limitaciones de este circuito. María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, señaló que la Ley 23.592 exige iniciar juicios patrimoniales civiles de alto costo, lenta resolución y dificultosa carga probatoria.
Además, la legislación penal de 1988 no contempla explícitamente la identidad de género entre sus motivos tipificados, los cuales se limitan a raza, religión, nacionalidad e ideas políticas. Por este motivo, los damnificados deben recurrir al fuero contravencional local o a querellas por delitos contra el honor.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 70 del Código Contravencional sanciona las conductas discriminatorias por género u orientación sexual con días de trabajo de utilidad pública o multas. Las presentaciones pueden canalizarse mediante la línea 0800-33-FISCAL del Ministerio Público Fiscal o en comisarías.
Del mismo modo, en la Provincia de Buenos Aires, la ciudadanía dispone de la Subsecretaría de Derechos Humanos para radicar presentaciones por vía telefónica o correo electrónico.
El debate público se traslada así a la capacidad de la estructura judicial para absorber los reclamos por discriminación tras la eliminación de los canales administrativos estatales.
En el predio de Ezeiza, Lionel Scaloni conformó el primer equipo tras el Mundial para enfrentar a Bolivia en Córdoba, abriendo un recambio generacional con caras nuevas y la ratificación de cinco campeones.
Durante un pase radial en Radio Rivadavia, el periodista Daniel Avellaneda desconoció la identidad de Florencia de la V frente a la pasividad de la conducción, reabriendo el debate por la Ley 26.743 y las denuncias judiciales tras el cierre del INADI.
San Juan concretó su regreso al mercado internacional tras 27 años con la emisión de un bono por 600 millones de dólares en Nueva York. Los recursos obtenidos financiarán obras públicas e infraestructura para el desarrollo minero.
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Claudio Barrelier, principal detenido por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, sumó una nueva imputación por tenencia de material de abuso infantil luego del peritaje a celulares y computadoras secuestrados en la causa.
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