Durante un año y medio, un hombre de 28 años filmó a su pareja mientras tenían relaciones sexuales, sin que ella lo supiera. Como grabar sin consentimiento no es delito, la fiscalía de La Plata lo imputó por lesiones graves a partir del daño psíquico.
Prendió la computadora de su novio en el departamento de La Plata donde convivían parte del tiempo y encontró una carpeta. Adentro había fotos y videos sexuales grabados en distintas fechas y horarios. Primero no entendió qué estaba viendo. Después se reconoció en su cuerpo, en su ropa y en sus lunares.
Ella tiene 31 años y es profesional universitaria. Él tiene 28 y la había filmado sin su consentimiento durante un año y medio de relación. Cuando lo confrontó, él respondió apenas: “No sé por qué lo hice”. Ella llamó a la Línea 144, hizo la denuncia y entregó los dispositivos a la Justicia. Desde entonces la acompaña Gentic, fundada en 2021, dedicada a la prevención y erradicación de la violencia de género en el ámbito digital. “Muchas veces la víctima por su cuenta, sin poder acceder a un abogado o abogada, puede quedar muy sola y sin ser escuchada por las autoridades que deberían velar por su integridad y seguridad”, advierte Manuela Fontela Vázquez, abogada penalista voluntaria en el Consultorio psico-jurídico gratuito de Gentic, en diálogo con La Redacción.
La causa quedó en manos de la fiscal Mariana Ruffino, de la UFIJ N°13 de Violencia de Género de La Plata. Ruffino lo imputó provisoriamente por lesiones graves doblemente agravadas, por el vínculo de pareja y por violencia de género. Casi nunca se usa esa figura en casos así. ¿Es un avance, o una prueba de lo que la ley todavía no sabe nombrar? “Yo creo que son las dos cosas”, dice Fontela Vázquez. “Todavía nuestro Código Penal técnica y literalmente no contempla este tipo de violencia. Y es un avance que hoy, aún sin ese respaldo del Código Penal, logremos que esa literalidad no haga falta”.
Así definió ella las imágenes. En la Argentina, grabar a alguien sin su consentimiento en un contexto íntimo no es delito si el material no se difunde. La Ley Olimpia (2023) incorporó la violencia digital a la Ley 26.485, pero no fijó penas en el Código Penal.
Por eso la fiscalía se apoyó en el daño. Una pericia psicológica interdisciplinaria diagnosticó un “cuadro psíquico reactivo de magnitud grave”, con ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos e hipervigilancia. “El tiempo de curación de un trauma claramente demanda más de 30 días”, explicó Ruffino. Ese es el umbral que fija el Código Penal para considerar grave una lesión.
Que la imputación dependa de un diagnóstico abre otra pregunta: ¿qué pasa con las mujeres que no llegan o que no pueden sostener un peritaje? “La pericia psicológica suele ser una prueba troncal cuando hay violencia que no deja rastro visible en el cuerpo, pero no es la única”, explica Fontela Vázquez. “Se hace más difícil, pero pueden existir otro tipo de pruebas que sirvan, y mucho: prueba testimonial, prueba documental, pericias informáticas respecto a dispositivos electrónicos que hoy todos tenemos y usamos”.
Según su entorno legal, la mujer tuvo múltiples problemas de salud por el estrés. Lo sintió en su trabajo, postergó proyectos propios y dejó sus actividades recreativas. Sobre cómo está hoy, su abogada prefirió preservar esa información.
La fiscalía tomó una decisión que va en el mismo sentido: no incorporó las imágenes al expediente. “Con la conclusión a la que arriba el perito psicólogo no es necesario mirar imágenes que violan la intimidad de ella”, informó Ruffino a los medios.
Según trascendió, durante el proceso un abogado de la familia del acusado le ofreció a la víctima un acuerdo privado: borrar las imágenes a cambio de que devolviera la computadora. Ella se negó, y el abogado le advirtió que podía enfrentar acciones por hurto. Esperando que la amenaza la hiciera retroceder.
La fiscalía pidió informes a OnlyFans para saber si el material se comercializó. Para Fontela Vázquez, esa sospecha tiene sustento: “Es muy común. Es un medio para obtener dinero y hay gente que lo utiliza claramente sin consentimiento de quien aparece en la imagen. ” También apunta a las plataformas: “Particularmente considero que debería existir un control más exhaustivo de la identidad corroborada de quien sube la imagen y quien sale en ella”.
El proyecto de Ley Belén, que busca penalizar la obtención de material íntimo sin autorización, está presentado en el Congreso de la Nación. “Estamos esperando que la Comisión de Legislación Penal le dé dictamen, pero ni siquiera han estudiado el proyecto”, dice la abogada.
Si se aprobara, el cambio sería concreto. En este caso, explica, aumentaría la pena en expectativa porque podrían sumarse ambos delitos en un “concurso de delitos”. “En otros casos similares haría que logremos que se investigue y condene esta conducta, porque ya sería punible”.
Si una mujer descubre algo así, lo primero es guardar las pruebas, llamar al 144 y denunciar. “Esas tres primeras acciones tal cual, pero sobre todo buscar contención, compañía y también asesoramiento para transitar el proceso judicial, que no es fácil para hacerlo sola”, dice Fontela Vázquez.
Para ella, ese acompañamiento es el que abre puertas. “El rol de Gentic en este y todos los casos que patrocina fue de empuje. De insistencia. De acompañamiento y perseverancia”, dice. “Gracias a eso justamente es que algunos en la Justicia eligen abrir las puertas y no dar la espalda solo por rigorismos formales que hacen oídos sordos de la realidad”.
La organización ofrece además cursos virtuales gratuitos con herramientas para operadores de la Justicia y cualquier persona interesada.
En agosto, el imputado fue a la indagatoria y se negó a declarar. La pericia del celular ya tiene fecha, aunque los plazos suelen estirarse por el caudal de trabajo de las Asesorías Periciales bonaerenses. Después, el objetivo es la elevación a juicio oral. “Ahí podríamos, ojalá, lograr una condena para este agresor y que se haga, aunque sea un poco, justicia para su víctima”, cierra la abogada.
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