El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al Gobierno a reanudar de forma temporal la expulsión acelerada de migrantes hacia terceros países. La decisión de emergencia deja sin efecto las cautelares de tribunales inferiores que exigían notificar a los afectados y brindarles la oportunidad de objetar su traslado.
Paralelamente, los magistrados acordaron acelerar el tratamiento del caso para escuchar los argumentos de las partes en diciembre. Esta instancia evaluará si el programa viola la Constitución y los tratados internacionales contra la tortura, además de analizar los límites de la autoridad de los jueces de primera instancia para frenar políticas ejecutivas.
La medida del Ejecutivo, implementada desde el año pasado, ha derivado en la transferencia de más de 25.000 personas hacia 29 naciones. Entre los destinos figuran México y países con los que los deportados no poseen vínculos directos, como Liberia, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la herramienta resulta imprescindible para acelerar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y coordinar acuerdos diplomáticos. Por su parte, asesores jurídicos de la Administración calificaron la determinación judicial como un paso clave para sostener las operaciones de repatriación.
En contraste, las organizaciones de derechos civiles que representan a los demandantes advirtieron que la norma omite el debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda. Según la defensa de los migrantes, la falta de audiencias previas expone a residentes sin antecedentes criminales a situaciones de persecución o tratos crueles en el extranjero.
La resolución no estuvo firmada ni incluyó el detalle del escrutinio, aunque las tres integrantes liberales del tribunal manifestaron formalmente su disidencia. El fallo definitivo, previsto para los próximos meses, establecerá un precedente determinante sobre las facultades del Poder Ejecutivo en materia migratoria.