La Corte Suprema emitió un inusual comunicado para aclarar los alcances de su decisión sobre el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Cecim) y denunció presiones y “discursos de odio”. Mientras tanto, la oposición redobla los esfuerzos para voltear el megadecreto.
El debate por la propiedad extranjera de las tierras rurales en la Argentina sumó un nuevo y explosivo capítulo. Tras la polémica que generó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) —que dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras (26.737)— el máximo tribunal emitió este jueves un inusual comunicado para aclarar su postura y responder a las fuertes críticas recibidas. En paralelo, los pasillos del Congreso arden: la oposición busca agilizar una sesión especial para anular definitivamente el DNU 70/2023, mientras La Libertad Avanza analiza incorporar “restricciones mínimas” en otras leyes para no perder el apoyo clave de los gobernadores.
Desde el martes, como consecuencia de la decisión judicial, la Argentina no cuenta con límites legales para que capitales extranjeros adquieran tierras rurales. La norma original, sancionada en 2011, fijaba un tope general del 15% para la propiedad extranjera a nivel nacional, con restricciones equivalentes para las provincias y los municipios.
El descargo de la Corte: “La descalificación y el odio deterioran la democracia”
Ante el revuelo político y las acusaciones de “vender la patria” lanzadas por diversas agrupaciones políticas y sociales, la Corte Suprema de Justicia publicó un documento titulado “Aclaración sobre la causa Ley de Tierras”. En el texto, el tribunal argumentó que su pronunciamiento se limitó “estrictamente a un aspecto procesal” relacionado con la legitimación del Cecim La Plata para impulsar una medida cautelar de este tipo, y que no existió un análisis de fondo sobre la constitucionalidad del decreto de Javier Milei.
El comunicado, que lleva un fuerte tono político, advirtió sobre las reacciones desmedidas. “Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, dispararon los magistrados, en un mensaje dirigido a los sectores opositores más vehementes. “La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”, añadieron.
En el texto, el tribunal, conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó en claro que la sentencia “no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite” y que el fallo no impide que “toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar”.
Además, la Corte remarcó que “la controversia referida a la ley de tierras (…) no ha sido resuelta en este caso” y que se expedirán sobre la cuestión de fondo “cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”. Por último, el tribunal destacó su “liderazgo en la protección de los recursos naturales y el ambiente” y exigió que “no es conveniente intentar confundir a la población”.
La oposición acelera y el oficialismo negocia
En el terreno legislativo, la pulseada se intensifica. El fallo revitalizó los esfuerzos de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda para convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023, que ya fue desestimado por el Senado en marzo de 2024. Si la Cámara Baja también lo rechaza, el decreto caerá en su totalidad.
El jefe de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, confirmó las negociaciones tras reunirse con integrantes del Cecim, mientras que la diputada Myriam Bregman aseguró que “faltan 10 firmas” para concretar el pedido de sesión. En los pasillos del Congreso se barajan el 14 o 15 de octubre como posibles fechas para el debate, con la intención de unificar el reclamo con el conflicto por el presupuesto universitario.
Sin embargo, la jugada opositora tiene un riesgo altísimo: si el oficialismo logra reunir los votos para ratificar el DNU, la medida quedará firme de forma definitiva.
La llave del conflicto la tienen los gobernadores dialoguistas, quienes hasta el momento han mantenido un prudente silencio sobre la cuestión de las tierras, como es el caso del cordobés Martín Llaryora.
Ante este escenario de incertidumbre, La Libertad Avanza analiza una estrategia de contención. Según trascendió, el oficialismo evalúa incorporar “restricciones mínimas” a la compra de tierras por parte de extranjeros para conformar a los mandatarios provinciales y evitar que se vean obligados a rechazar todo el megadecreto. Estas nuevas cláusulas podrían incluirse en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (ya con media sanción del Senado) o en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado recientemente por el Ejecutivo.
Tensión, gritos y el reclamo de los excombatientes
La crispación política ya se hizo sentir en las comisiones del Congreso. Durante el debate del proyecto sobre Malvinas en Diputados, se vivieron momentos de suma tensión. “¡Tienen a la Corte comprada!”, le gritó el dirigente social Juan Grabois a los legisladores oficialistas, protagonizando un duro cruce con el libertario Jairo Guzmán.
Por su parte, los excombatientes, principales impulsores del amparo judicial, repudiaron el fallo y llamaron a la movilización popular. “No necesitamos la legitimación de ningún trío de privilegiados. Nosotros estamos legitimados por la historia y por nuestro pueblo”, sentenció Gustavo Pirich. Gerónimo Guerrero Iraola, responsable jurídico del Cecim, fue aún más contundente: “Con este fallo se ha puesto un cartel de venta a la República Argentina”.
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