La ministra Alejandra Monteoliva repudió los incidentes frente al Congreso y prometió identificar a los agresores. Además, mantuvo la expectativa por la visita del Papa y destacó el histórico traslado de 1.400 presos desde Devoto a Marcos Paz.
La ministra Alejandra Monteoliva repudió los incidentes frente al Congreso y prometió identificar a los agresores. Además, mantuvo la expectativa por la visita del Papa y destacó el histórico traslado de 1.400 presos desde Devoto a Marcos Paz.
El escenario político y social tras los recientes disturbios frente al Congreso Nacional encendió todas las alarmas en la cartera de Seguridad. Luego de una jornada agitada en las inmediaciones del palacio legislativo que dejó como saldo más de treinta personas aprehendidas, el Poder Ejecutivo salió con los tapones de punta para marcar un límite rotundo ante los desmanes, prometiendo un despliegue exhaustivo de investigación y un fuerte reclamo de acompañamiento dirigido al ámbito judicial.
Desde la conducción de la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva, la lectura de lo sucedido distancia a la gran masa de manifestantes de quienes protagonizaron los episodios más álgidos. Según la funcionaria, la movilización —que estimó en una concurrencia cercana a los 12.000 asistentes— se vio empañada por grupos reducidos de entre 200 y 300 personas vinculados a sectores de extrema izquierda y agrupaciones anarquistas, cuya única intención fue buscar el enfrentamiento con las fuerzas del orden y alterar la paz pública.
En un intercambio en LN+, la funcionaria fue determinante respecto a las acciones legales en curso. Explicó que el operativo oficial no concluyó con la descongestión de las calles, sino que dio paso a un minucioso trabajo de auditoría sobre el material fotográfico y audiovisual aportado por los medios de comunicación y las cámaras de monitoreo.
La meta principal radica en identificar uno a uno a los agresores que provocaron heridas de consideración a ocho efectivos de las fuerzas federales y causaron destrozos urbanos. Asimismo, desde la cartera nacional pretenden que las conductas no sean caratuladas como un simple desacato a las autoridades, argumentando que la fabricación y uso de elementos destructivos configura delitos graves contra el orden constitucional y la seguridad colectiva.
Más allá de la tensión en la vía pública, la agenda de las autoridades nacionales sigue atenta a los acontecimientos en el plano internacional, especialmente en lo relativo a la salud del papa León XIV. Tras las intervenciones médicas que pusieron en suspenso su viaje al país pautado para la segunda quincena de noviembre, desde el Gabinete respaldaron el deseo de una pronta recuperación para el Pontífice, subrayando que la decisión final descansará en las recomendaciones de su equipo de médicos tratantes.
Pese a las dudas que plantea un viaje de semejante exigencia física para la máxima autoridad de la Iglesia Católica, los preparativos de seguridad e infraestructura logística en el territorio nacional se mantienen en marcha sin interrupciones. La postura oficial se resume en sostener la planificación al 100% para estar listos ante cualquier definición, entendiendo que se trata de un evento de trascendencia histórica para la sociedad.
Un aspecto de enorme relevancia operativa presentado por la cartera fue el exitoso traslado de unos 1.400 reclusos desde el histórico presidio del barrio porteño de Devoto hacia el moderno Complejo Penitenciario Federal VIII situado en Marcos Paz. La maniobra, articulada de forma conjunta con la administración de la Ciudad de Buenos Aires tras meses de planificación técnica, permitió descomprimir un establecimiento casi centenario que arrastraba severas deficiencias edilicias y operativas.
El despliegue de reubicación se completó de manera limpia, sin registro de incidentes ni fuga de internos, marcando un hito en la gestión penitenciaria nacional. No obstante, un pequeño contingente de 75 reclusos permanece momentáneamente en las antiguas instalaciones. La razón de este pequeño grupo responde a una selección realizada por la pastoral carcelaria, con el objetivo de que participen activamente en una ceremonia de bendición religiosa en el caso de que la comitiva papal confirme definitivamente su paso por la Argentina.
Con este abanico de medidas, el oficialismo intenta transmitir un mensaje de control territorial, rigor de ley y eficiencia organizativa, en medio de un clima político que demanda respuestas firmes tanto en el ámbito de la seguridad ciudadana como en la gestión institucional.
Karina Milei encabeza el anuncio oficial por la finalización de la primera fase del traslado de 1.400 internos desde la cárcel de Devoto a Marcos Paz. El operativo busca el cierre definitivo del penal y la descompresión de comisarías.
El objetivo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) es conocer la situación actual de la joven y su viaje a Europa con el imputado.
Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida hace 12 días en Corrientes. Tras hallarse la escuela vacía, la policía desplegó drones, perros y 80 efectivos en los bañados, mientras la Justicia mantiene dos detenidos.
La crecida del río Paraná, impulsada por El Niño, puso en alerta máxima a Corrientes, rozando el nivel de evacuación de siete metros. Cientos de personas debieron dejar sus hogares y los productores evacúan hacienda a contrarreloj.
El encuentro es organizado por su espacio, Movimiento Derecho al Futuro, y estará abierto a empresarios, trabajadores y representantes de distintos sectores de la producción.
Tini Stoessel canceló su show en el Kaseya Center de Miami por severos fallos de seguridad y demoras en el montaje. La productora reembolsará las entradas, mientras la artista atraviesa cambios estructurales en la gestión de su carrera.
El Gobierno oficializó un nuevo plan de retiro voluntario para la administración central con pagos de hasta 20 sueldos. La medida excluye a fuerzas de seguridad e inhabilita a los empleados adheridos a volver al Estado por ocho años.
Se conoce la sentencia contra el exlegislador Oscar González por la tragedia de Altas Cumbres en 2022. La fiscalía solicitó casi cuatro años de prisión, mientras la querella exige diez por el choque que dejó un muerto y dos heridas.
