El Gobierno oficializó un nuevo plan de retiro voluntario para la administración central con pagos de hasta 20 sueldos. La medida excluye a fuerzas de seguridad e inhabilita a los empleados adheridos a volver al Estado por ocho años.
El Gobierno oficializó un nuevo plan de retiro voluntario para la administración central con pagos de hasta 20 sueldos. La medida excluye a fuerzas de seguridad e inhabilita a los empleados adheridos a volver al Estado por ocho años.
En el marco de la reestructuración del aparato estatal que impulsa la gestión nacional, la Casa Rosada puso en marcha una nueva convocatoria destinada a aquellos trabajadores del sector público que opten por desvincularse voluntariamente de sus cargos. Mediante la publicación de la normativa formal en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo busca reducir la nómina de empleados en la administración centralizada, ofreciendo un esquema de indemnizaciones y compensaciones económicas a cambio de la renuncia definitiva y la baja del puesto presupuestario.
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El período para enviar la documentación abarcará todo el mes de noviembre, contando con la posibilidad de extenderse por un mes adicional si las autoridades lo consideran necesario. La oferta financiera varía según la edad del trabajador, su trayectoria en la función pública y los años de aportes previsionales registrados en el sistema:
Para quienes están próximos a la edad de retiro pero no completaron los aportes requeridos —mujeres a partir de los 58 años y varones desde los 63—, el programa brinda la alternativa de percibir un pago compensatorio directo o recibir durante un lapso de hasta tres años un ingreso equivalente al 60% del haber mensual bruto.
En el caso de aquellos agentes con trayectoria prolongada y los 30 años de aportes al día, la propuesta estipula un sueldo por cada año trabajado sumado a un extra de cinco sueldos adicionales. Por último, los agentes más jóvenes o con menor rango etario tendrán un piso de indemnización equivalente a su antigüedad, alcanzando un techo máximo de 20 sueldos, al que se le sumará un bono especial de entre cuatro y cinco haberes según la cantidad de años prestados en la función pública.
El programa cuenta con un abanico estricto de exclusiones y condiciones para poder iniciar el trámite. En primer lugar, la iniciativa está orientada de forma exclusiva a los dependientes de la planta permanente o con contratos por tiempo indeterminado dentro de la administración central. Esto significa que quedan totalmente descartados los contratos temporales, así como los entes descentralizados que cuentan con esquemas propios de retiro, como fue el caso reciente del organismo previsional.
Tampoco podrán acceder las Fuerzas Armadas, el personal de seguridad y combate de incendios, los servicios de inteligencia ni el cuerpo diplomático. Asimismo, la normativa exige no registrar procesos judiciales o sumarios internos pendientes, además del compromiso irrenunciable de dar de baja cualquier reclamo o demanda laboral iniciada contra las dependencias del Estado nacional.
Una de las cláusulas más contundentes del decreto establece un bloqueo estricto para volver a la función pública: los empleados que acepten la compensación económica y firmen la desvinculación quedarán inhabilitados para trabajar en el Estado durante ocho años.
Por otra parte, la decisión final no quedará únicamente en manos del trabajador que busque retirarse. Las autoridades de cada ministerio u organismo contarán con un plazo de 40 días para evaluar las solicitudes. Si los mandos superiores consideran que la baja de un agente perjudica el funcionamiento operativo de la dependencia o resiente la prestación de los servicios esenciales a la comunidad, la solicitud será rechazada de plano.
Con esta estrategia, el Gobierno busca un recorte en la estructura operativa del Estado, promoviendo un recambio en las dependencias oficiales mientras ajusta el gasto presupuestario asignado a sueldos y contrataciones.
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