AySA propuso un reordenamiento tarifario antes de su privatización: aumentará las facturas a dos millones de usuarios y las bajará a otros 684.000. Los fondos extra se destinarán a reforzar la tarifa social mediante nuevos coeficientes zonales.
AySA propuso un reordenamiento tarifario antes de su privatización: aumentará las facturas a dos millones de usuarios y las bajará a otros 684.000. Los fondos extra se destinarán a reforzar la tarifa social mediante nuevos coeficientes zonales.
A escasas semanas de concretar la transferencia definitiva del paquete accionario a manos de inversores privados, la conducción que todavía administra la prestadora metropolitana de agua potable decidió dejar sobre la mesa una reestructuración a fondo del cuadro tarifario. La iniciativa, pensada para corregir desfases históricos en las mediciones catastrales del Área Metropolitana de Buenos Aires, impactará de manera dispar en los bolsillos: mientras que una porción significativa del padrón residencial experimentará incrementos considerables en sus boletas mensuales, otro sector de la población verá reflejada una baja concreta en lo que paga cada mes.
La discusión formal de esta iniciativa quedó programada en el marco de las audiencias convocadas por el ente fiscalizador del sector. La meta trazada por las autoridades apunta a reemplazar tablas de zonificación completamente desactualizadas que datan de hace varias décadas, las cuales permitían que barrios que ganaron enorme cotización inmobiliaria continuaran tributando como áreas de bajos recursos. La recaudación extra que genere este emparejamiento no engrosará las utilidades operativas directas de la compañía, sino que servirá como fondeo específico para robustecer los programas de asistencia social dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad.
El universo de abonados hogareños sentirá el efecto de manera segmentada según el punto geográfico donde se ubiquen sus propiedades. Los números presentados ante los técnicos oficiales marcan que alrededor de dos millones de domicilios tendrán subas, con un promedio general estimado que rondará el veintidós por ciento, mientras que cerca de setecientas mil cuentas residenciales recibirán un descuento efectivo que rozará el quince por ciento en comparación con los valores previos. Para el resto de los clientes residenciales, los valores se mantendrán inalterables frente a este rebalanceo geográfico.
Uno de los motores centrales detrás del ajuste en las facturas más abultadas no proviene solo del salto de categoría inmobiliaria, sino del final de un beneficio histórico. Más de medio millón de hogares perderán de forma gradual el subsidio del quince por ciento que recibían por estar radicados en franjas antiguamente consideradas vulnerables. Esta eliminación se ejecutará de manera escalonada en cuotas trimestrales para evitar un salto brusco en los gastos fijos familiares, sumándose de a poco a los nuevos coeficientes barriales calculados en base a relevamientos censales recientes sobre las características constructivas de las viviendas.
Para amortiguar el golpe financiero en los sectores medios y altos, el esquema de aplicación contempla plazos de adecuación progresivos. La gran mayoría de los usuarios afectados absorberá las modificaciones dentro de un cronograma que se extenderá entre los tres y los doce meses, dejando las situaciones más complejas para completarse hacia el segundo año de vigencia. Paralelamente, quienes tengan derecho a reducciones verán el alivio desde el primer día, sin necesidad de esperar etapas intermedias, mientras que los actuales beneficiarios de tarifas subsidiadas mantendrán su blindaje para que las modificaciones de categoría no erosionen su poder adquisitivo.
En el horizonte inmediato de la empresa asoma la fecha límite fijada para mediados de noviembre, momento en el que el consorcio adjudicatario tomará formalmente las riendas operativas tras desembolsar más de trescientos cuarenta millones de dólares en la licitación pública. Los planes plurianuales diseñados para el próximo quinquenio contemplan un despliegue masivo de colocación de medidores hogareños para abandonar paulatinamente el cálculo por metros cuadrados construidos y premiar el uso eficiente del recurso, en una etapa donde la compañía buscará achicar los altos índices de mora y sanear las cuentas de un servicio público indispensable.
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