Tras auditar el padrón, el Gobierno dará de baja alrededor de 20.000 pensiones por invalidez laboral por irregularidades. Según reveló Nicolás Wiñazki en Clarín, la Casa Rosada busca ordenar el sistema y cortar pagos a beneficiarios apócrifos tras la ley de Discapacidad.
En los pasillos de la Casa Rosada no hay descanso cuando se trata de achicar gastos y revisar partidas públicas con lupa quirúrgica. Mientras en el Parlamento todavía resuenan los ecos del debate por la nueva norma de integración comunitaria aprobada con modificaciones en la Cámara baja, la administración central alista una baja fulminante de asistencias monetarias que marcará la agenda política de las próximas jornadas. La decisión oficial no aguardará el desenlace legislativo en la Cámara alta: el elenco gobernante está resuelto a demostrar que la limpieza de cuentas avanza sin titubeos, apuntando de lleno contra aquellas partidas que consideran distorsionadas por desmanejos de gestiones anteriores.
La determinación de suspender de cuajo estos giros mensuales responde al primer balance de una exhaustiva inspección sobre el padrón integral de beneficiarios. Tal como reveló el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín, desde los despachos oficiales confirmaron que la poda inicial alcanzará a unos veinte mil expedientes rotulados administrativamente como irregulares tras no hallar constancias médicas verídicas que justifiquen el aporte fiscal. Desde el círculo íntimo del Gabinete remarcan que no se trata de desamparar a quienes arrastran dificultades físicas cotidianas, sino de sanear un padrón inflado que hoy supera holgadamente el millón de asignaciones activas en todo el territorio argentino.
El diagnóstico que manejan las autoridades nacionales apunta de manera frontal a las decisiones tomadas durante el mandato de Alberto Fernández. Según la mirada del equipo libertario, en esa etapa se repartieron cientos de miles de certificados al calor del calendario electoral, otorgando recursos fiscales a personas sin problemas de salud con el único objetivo de construir lealtades partidarias en los barrios vulnerables. Frente a esas maniobras, la consigna actual es tajante: cada peso ahorrado en prestaciones apócrifas servirá para garantizar la sustentabilidad real de la cobertura médica y asistencial de quienes de verdad dependen de este soporte para subsistir dignamente día a día.
Sin embargo, el tema abre grietas y discusiones ásperas dentro del propio tablero de ministros. Mientras la cúpula de la Cámara de Diputados y la Jefatura de Gabinete se mostraron predispuestas a negociar acuerdos con bloques aliados para calmar las protestas en las calles y pulir el texto de la ley, en el Palacio de Hacienda la molestia fue inocultable. Las áreas contables que custodian el déficit cero miran con recelo cualquier flexibilización presupuestaria, advirtiendo además sobre el riesgo de que la mayor parte del flujo financiero termine inflando los bolsillos de contratistas y prestadores privados en lugar de beneficiar directamente a los ciudadanos con discapacidad.
El rastrillaje gubernamental no se detiene en los cobros individuales de haberes; también puso el ojo sobre los intermediarios institucionales. Las inspecciones en el conurbano bonaerense dejaron al descubierto maniobras escandalosas, destapando fundaciones fantasma que facturaban sumas colosales sin prestar ningún servicio pedagógico o de rehabilitación a la comunidad. Sitios abandonados a su suerte, sin muebles, sin servicios básicos de luz o agua y atestados de basura, figuraban formalmente como espacios de integración escolar habilitados para percibir miles de millones de pesos girados por las arcas del Estado nacional a lo largo de los últimos calendarios.
A este complejo panorama de desvío de caudales se suma el recuerdo latente de las tormentas judiciales que golpearon a la propia Agencia Nacional de Discapacidad. Aquellos audios filtrados que derivaron en la salida del extitular del organismo y su posterior procesamiento por compras de remedios con sobreprecios demoraron las auditorías internas y crisparon el clima social, dejando expuestas las debilidades estructurales del sistema de control. Con los números del primer informe sobre la mesa, la Casa Rosada prepara el terreno para oficializar la primera tanda de suspensiones, convencida de que el costo político del recorte quedará neutralizado si logran exhibir ante la sociedad las pruebas fehacientes de los fraudes descubiertos.
Un hombre de unos 60 años sufrió una caída en el sector de Palotinos y debió pasar la noche asistido por rescatistas. La complejidad del terreno obligó a concretar una inédita maniobra aérea para su evacuación.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva generó una ola de aversión al riesgo en los mercados de ambos países. El índice Bovespa se desplomó más de un 10%, obligando a detener las operaciones en San Pablo, mientras que en Wall Street las acciones de empresas argentinas sufren caídas de hasta el 12%.
Con un comunicado en la red social X, el partido fundado y presidido por Mauricio Macri expresó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales.
Marina Calabró y Sergio Lapegüe serán los conductores de la esperada gala producida por Red Cube. La ceremonia promete sorpresas, glamour y el inminente anuncio de las ternas oficiales.
Tras auditar el padrón, el Gobierno dará de baja alrededor de 20.000 pensiones por invalidez laboral por irregularidades. Según reveló Nicolás Wiñazki en Clarín, la Casa Rosada busca ordenar el sistema y cortar pagos a beneficiarios apócrifos tras la ley de Discapacidad.
Diputados retoma el debate para reformar la Carta Orgánica del Banco Central luego de los cambios del Senado. La iniciativa prioriza preservar el valor de la moneda, fija mandatos de seis años y prohíbe financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.
Los ministros de Seguridad de la Ciudad y de Córdoba contaron cómo identificaron a Renato Iván Tabella. Según la investigación, contactó a Daniela Villalba y a Tatiana Fernández por aplicaciones de citas. Cuando lo detuvieron, tenía un pasaje a otra provincia.
Laura Estefany Gutiérrez, de 35 años, murió tras recibir un disparo el domingo en el barrio Colonizadora del Sur. Según los primeros datos, un hombre bajó de un auto gris, disparó y escapó. La fiscalía investiga con perspectiva de género.
