La tranquilidad en los tribunales federales de Retiro duró un suspiro. Cuando en los despachos oficiales todavía festejaban el cierre exprés del expediente que desvinculó a la máxima autoridad del país, a su hermana y a casi una docena de colaboradores del polémico desplome del token digital, un damnificado pateó el tablero judicial con una apelación demoledora para impedir que el caso termine sepultado bajo una montaña de tecnicismos. Se trata de una jugada procesal al límite del tiempo reglamentario, impulsada por quien vio evaporarse sus ahorros tras la maniobra financiera y ahora exige que los magistrados no miren para otro lado mientras persistan cabos sueltos de gravedad institucional.
El contragolpe legal, revelado a través de la investigación de Hugo Alconada Mon en Clarín, lleva la firma del ahorrista Juan Patricio Marchetto junto al patrocinio letrado de Juan Grabois y Nicolás Rechanik. A lo largo de cuarenta carillas que sacuden la a Comodoro Py, el demandante acusa al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano de armar un cierre apresurado a la medida del poder de turno. Lejos de aceptar el archivo, la presentación remarca que la Justicia confundió la falta de ganas de investigar con la inexistencia de un delito, decretando sobreseimientos definitivos mientras todavía quedaban peritajes a medio camino e interrogatorios clave cajoneados en la fiscalía.
Cruce de llamados, billeteras privilegiadas y el minuto de oro previo al X presidencial
El capítulo más explosivo del reclamo pone la lupa en la cronología exacta que precedió a la estampida del mercado. Según reconstruye la denuncia, hubo cuatro llamadas telefónicas directas entre Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli durante los escasos quince minutos previos a que se hiciera público el token desde la cuenta oficial del mandatario. El ida y vuelta en las líneas telefónicas se dio a las 18:44, 18:54, 18:56 y 18:58; apenas instantes después, a las 19:01, apareció en redes el código alfanumérico que desató la fiebre compradora entre miles de usuarios desprevenidos.
Ese breve intervalo de tiempo esconde un detalle que para los denunciantes huele a estafa calculada: veintidós segundos antes de la publicación oficial, setenta y cuatro billeteras privadas movieron trece millones y medio de dólares en casi noventa transacciones relámpago. Para el querellante, resulta insostenible sostener la inocencia de los involucrados sin indagar si existió información privilegiada coordinada desde las sombras para que un círculo selecto de especuladores entrara a precio de ganga y vaciara la liquidez del público apenas los pequeños ahorristas volcaron su capital.
Pruebas cajoneadas, financistas en las sombras y el cerrojo en los tribunales
La furia de los perjudicados apunta también contra la llamativa pasividad del ministerio público fiscal a la hora de convocar testimonios de peso. El escrito denuncia que jamás se citó a indagatoria a ninguno de los once acusados y que se ignoró el testimonio de figuras neurálgicas en la operatoria, tales como la letrada Yanina Nicoletti y los intermediarios informales de dinero Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes habrían recibido millonarias transferencias del extranjero Hayden Davis. Asimismo, el texto recrimina que se desestimara de un plumazo el informe tecnológico de la DATIP sobre los teléfonos secuestrados con la endeble excusa de un sumario interno menor, privando a la causa de evidencia irrefutable.
La batalla entra ahora en una carrera contra el reloj en las salas de Casación. Mientras el tribunal de alzada analiza si restituye la legitimidad del inversor para actuar como parte acusadora formal, los damnificados buscan evitar que el sobreseimiento quede firme de prepo, impidiendo que la verdad material quede sepultada por maniobras burocráticas. La trama de $LIBRA no solo desnudó los peligros de la timba virtual apalancada por figuras públicas, sino que abrió una grieta ardiente en los pasillos judiciales que promete nuevos capítulos en el fuero penal.