El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en Argentina el proyecto europeo SPRINT sobre residuos de agroquímicos. El organismo habla de faltas administrativas. Ella y buena parte de la comunidad científica, de persecución.
Virginia Aparicio pasó años tomando muestras de suelo, agua y cuerpos humanos en el sudeste bonaerense para responder una pregunta que el campo argentino prefiere no hacerse en voz alta: cuántos agroquímicos llevamos encima. Esta semana, el Consejo Directivo del INTA resolvió la sanción más dura que prevé el organismo: la exoneración.
Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) con lugar de trabajo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Desde 2020 coordinó el sitio argentino de SPRINT, un proyecto financiado por la Unión Europea que mide residuos de plaguicidas en el ambiente, en animales y en personas. Argentina fue el único caso de estudio fuera de Europa.
Su nombre es una referencia obligada cuando se discute el impacto de los fitosanitarios. Por eso La Redacción la entrevistó para la cobertura sobre la derogación de la prohibición del glifosato en Misiones y sus efectos sobre la yerba mate, un debate en el que su trabajo aparece como una de las pocas mediciones locales disponibles.
El sumario que terminó en su despido se apoya en supuestas irregularidades administrativas: el manejo de fondos, no haber respetado la vía jerárquica, cambios en el protocolo bioético del estudio, el envío de los análisis biológicos a laboratorios del exterior y la participación de un colaborador sin designación formal con acceso a datos confidenciales.
Según anticipó el medio especializado Bichos de Campo, la exoneración también le haría perder su cargo en el Conicet. Ese punto todavía no fue confirmado oficialmente.
El conflicto no arrancó ahora. El 21 de junio de 2023, Aparicio iba a presentar en forma virtual los primeros resultados de las mediciones. Una semana antes, el director nacional del INTA, Carlos Parera, le ordenó por nota suspender la reunión con el argumento de que los estudios con personas podrían haber excedido la incumbencia institucional.
En septiembre de ese año, 43 vecinos que habían donado muestras para el proyecto le escribieron al Consejo Directivo: consideraron insuficiente el argumento de que la salud humana no le correspondía al INTA. Los Concejos Deliberantes de Balcarce y Tres Arroyos declararon a SPRINT de interés social.
No alcanzó. El 7 de diciembre de 2023, días antes del cambio de gobierno, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 que retiró al INTA del proyecto. Aun así, Aparicio siguió adelante y presentó sus resultados ante el Concejo Deliberante de Balcarce, mientras el organismo enviaba notas para despegarse institucionalmente de su trabajo.
En una entrevista con Bichos de Campo, la investigadora había descrito el clima interno con una frase que ahora suena a anticipo: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”.
Investigadores, organizaciones ambientales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la sanción es un disciplinamiento contra la libertad de investigar temas que incomodan a sectores con peso económico. El Consejo Directivo del INTA está integrado por cinco representantes del Estado y cinco del sector privado, entre ellos entidades del agro.
La exoneración resuelve un expediente, pero no la duda que motivó todo. En un país que basa buena parte de su economía en la producción agrícola con uso intensivo de fitosanitarios, los datos sobre cuánto de esos productos termina en el cuerpo de quienes viven cerca de los campos siguen siendo escasos. La investigadora que intentó medirlo, ahora, está afuera del organismo que debía respaldarla.
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