Tras el choque en Toledo que dejó 68 muertos, Óscar Puente descartó su renuncia al calificar el hecho como inverosímil y priorizar la investigación. En Madrid, masivas protestas exigieron su dimisión y terminaron en duros enfrentamientos con la Policía.
El clima político y social en España alcanzó su punto de máxima ebullición luego de conocerse la verdadera dimensión del desastre ocurrido sobre las vías toledanas. Con un balance desgarrador que ya trepa a sesenta y ocho personas fallecidas y medio centenar de heridos de diversa consideración, el ministro de Transportes Óscar Puente salió a dar la cara ante la prensa, intentando esquivar el vendaval de cuestionamientos que exigen su alejamiento inmediato del gabinete de Pedro Sánchez. Lejos de dar un paso al costado o sugerir que analiza poner a disposición su dimisión, el funcionario se plantó ante los micrófonos para asegurar que su única obsesión en este momento crítico consiste en dilucidar las causas mecánicas y humanas del siniestro, calificando cualquier debate sobre su permanencia en el cargo como un asunto de segundo orden que no le quita el sueño.
La postura del titular de la cartera de infraestructura generó chispazos instantáneos tanto en el arco opositor como en la opinión pública, que venía masticando bronca por los reiterados desperfectos en el tendido férreo. Cuando los cronistas le preguntaron de manera directa y reiterada en la sede de control de Adif si evaluaba presentar su renuncia indeclinable para asumir el costo político de semejante catástrofe, Puente rechazó de plano la idea de dimitir a sus funciones, insistiendo en que no está pensando en su futuro personal sino en aportar respuestas claras a la investigación técnica. Para el funcionario, su estado anímico o su continuidad institucional resultan irrelevantes frente al dolor que atraviesan los familiares de las víctimas, una respuesta que buscó desviar el foco político pero terminó encendiendo todavía más la indignación en las inmediaciones de los ministerios.
La negativa del ministro a evaluar su salida prendió la mecha en pleno corazón de la capital española. En cuestión de horas, centenares de ciudadanos autoconvocados rodearon el Ministerio de Transportes para exigir la renuncia de Puente, transformando el acceso a la dependencia oficial en una trinchera improvisada. El descontento popular acumulado tras meses de anuncios triunfalistas que chocaron de frente contra la realidad de los rieles se tradujo en consignas durísimas contra las autoridades, cánticos que pedían cabezas políticas y una tensión creciente que obligó a desplegar un operativo de seguridad de grandes dimensiones.
El escenario terminó de desbordarse cuando grupos de manifestantes intentaron superar las vallas perimetrales dispuestas por las brigadas antidisturbios. La respuesta policial fue fulminante: las fuerzas de seguridad reprimieron con gas lacrimógeno, cargas de caballería y porrazos para dispersar a la multitud, mientras volaban bengalas de advertencia, cascotes y botellas contra las escalinatas del edificio público. Las corridas se extendieron por varias cuadras a la redonda, dejando postales caóticas en el centro neurálgico del país que reflejan el quiebre de confianza entre los usuarios del transporte y la cúpula directiva encargada de garantizar la seguridad sobre los rieles.
En su intento por justificar cómo pudo ocurrir una colisión de semejante brutalidad en un tendido de vanguardia, el ministro recurrió a una definición que sorprendió a los propios peritos ferroviarios. Puente tildó de verdaderamente inverosímil que un convoy alcance a otro por detrás en un corredor automatizado y de visibilidad despejada como el que une Madrid con Andalucía. En ese sentido, confesó que resulta inexplicable cómo se autorizó al convoy de bandera pública a retomar la marcha a velocidad comercial mientras una unidad de la empresa competidora permanecía totalmente paralizada sobre la misma línea en las inmediaciones de Urda, un punto neurálgico que terminó convirtiéndose en una trampa mortal para cientos de viajeros.
El recuerdo reciente del desastre de Adamuz sobrevuela cada rincón del debate nacional y agrava la situación procesal de las autoridades. Aquel antecedente luctuoso ocurrido apenas nueve meses antes, que también se cobró decenas de vidas, había encendido las señales de alerta sobre el mantenimiento de los sistemas de frenado automático y la coordinación entre operadores privados y estatales. Sin embargo, desde el oficialismo insistían en que el sistema vivía su época dorada, una narrativa que terminó de desmoronarse entre los escombros del kilómetro 118. Hoy, con los servicios hacia el sur completamente suspendidos y los equipos forenses trabajando a destajo, la figura de Óscar Puente se encuentra en el ojo de una tormenta de la que difícilmente pueda salir airoso sin responder por qué se ignoraron las advertencias que anunciaban este colapso histórico.
El compatriota tiene 51 años y vive en España hace más de 20 años. Según se sabe viajaba en uno de los trenes que chocaron en Toledo y su familia inició una búsqueda frenética para encontrarlo.
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