Salud mental: El Senado aprobó con cambios la reforma y la giró a Diputados

En una sesión maratónica que se estiró hasta bien entrada la madrugada, la Cámara alta le dio media sanción a la reforma de salud mental, estampando un resultado de cuarenta y dos voluntades positivas frente a veintiún rechazos que salieron en bloque desde las bancas de la oposición kirchnerista. Para conseguir que el tablero electrónico marcara luz verde antes de levantar la sesión, los operadores del oficialismo tuvieron que meter mano de urgencia al borrador que había mandado la Casa Rosada, borrando tachaduras y sumando concesiones hasta minutos antes de que sonaran los timbres. De esta manera, el paquete normativo que viaja rumbo a la Cámara baja llega con un perfil bastante recortado respecto de las intenciones libertarias de máxima, manteniendo intactos varios candados históricos del régimen vigente.

El cambio de timón más contundente quedó plasmado en el rubro asistencial: sigue en pie el veto absoluto para abrir nuevos neuropsiquiátricos o revivir prácticas de encierro masivo, un punto que el Ejecutivo pretendía dinamitar pero que tropezó de frente contra la resistencia de bloques provinciales y aliados circunstanciales. Bajo este nuevo texto consensuado, hospitalizar a alguien en contra de su voluntad continúa figurando como el último recurso terapéutico posible, aplicable únicamente cuando los tratamientos en consultorios o centros de día se queden cortos para contener un cuadro agudo. Para los legisladores que negociaron coma por coma, ceder en ese principio hubiera significado un retroceso inadmisible hacia viejos modelos de marginación.

Voces cruzadas por los fondos y el recuerdo de tragedias que marcaron agenda

El clima en el recinto combinó reproches por la falta de recursos con discursos de alto impacto emotivo. Desde los escaños del peronismo dialoguista, el catamarqueño Guillermo Andrada advirtió sin vueltas que cambiar los protocolos médicos en los papeles no sirve de nada si las provincias no tienen un peso, recordando que el gran talón de Aquiles de la normativa de 2010 fue dejar a los distritos sin presupuesto para armar dispositivos comunitarios. En esa misma línea se plantó el misionero Carlos Arce, quien festejó que se haya sumado una evaluación clínica obligatoria de cuerpo entero, pero avisó que los gobernadores van a vigilar de cerca el envío de las partidas federales para no tener que pagar el costo sanitario en soledad.

A la hora de los discursos de cierre, la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, bajó el martillo con una defensa férrea de la iniciativa, asegurando ante sus pares que este cambio regulatorio busca salvar vidas y evitar muertes absurdas. Para ilustrar las fallas del sistema actual, la senadora trajo a colación el recordado homicidio del inspector porteño Juan Pablo Roldán en Palermo, apuñalado por una persona con esquizofrenia que deambulaba desatendida. Para el oficialismo, la rigidez burocrática previa ataba de pies y manos tanto a las familias desesperadas como a las fuerzas de seguridad, dejando a los pacientes a la deriva en la vía pública por miedo a transgredir garantías procesales.

Equipos con psiquiatra obligatorio, consultas virtuales y control judicial en 72 horas

En el terreno puramente operativo, el nuevo marco establece que la atención en salud mental no puede recaer en una sola mirada profesional. Será obligatorio que los equipos interdisciplinarios cuenten con un médico psiquiatra, trabajando codo a codo con psicólogos, trabajadores del ámbito social y terapistas ocupacionales. Para resolver el cuello de botella que golpea al interior profundo, donde escasean especialistas de guardia, se habilitará formalmente la telemedicina mediante videollamadas en vivo, permitiendo que un profesional valide diagnósticos e internaciones a la distancia sin trabar la atención inmediata en pueblos remotos.

El texto también busca ponerle un freno a las internaciones eternas que terminan convirtiéndose en depósitos de pacientes. Desde el primer día de ingreso en un sanatorio general o centro monovalente, los terapeutas deberán redactar un plan concreto para la vuelta a casa, fijando un tope máximo de ciento ochenta días para activar la intervención de los organismos de control. En paralelo, cuando se trate de ingresos involuntarios por riesgo inminente hacia la propia persona o hacia terceros, la medida tendrá que comunicarse a los juzgados dentro de las veinticuatro horas, dándole al magistrado un lapso estricto de tres días para convalidar el encierro o disponer el alta médica inmediata.

Menores a salvo del encierro adulto y billetera compartida con las provincias

Un capítulo aparte dentro del articulado aprobado se enfoca en la protección de los más jóvenes y la problemática de las adicciones. Queda terminantemente prohibido alojar a niños y adolescentes en salas comunes de adultos, salvo excepciones clínicas contadas y por plazos mínimos, priorizando siempre la contención familiar y la no criminalización de quienes atraviesan cuadros de consumo de sustancias. Además, la norma compromete a los parientes directos a involucrarse en las terapias y estar presentes al momento de la salida de la clínica, terminando con la práctica de abandonar a los pacientes una vez superada la crisis aguda.

Para aplacar los temores de los gobernadores por el costo operativo de estas reformas, el articulado contempla convenios de asistencia económica de la Nación vía COFESA, canalizando recursos hacia la contratación de personal, tecnología y centros barriales. Ahora la pelota pasa a los despachos de la Cámara de Diputados, donde las distintas tribunas partidarias ya preparan una pulseada feroz para ver si la reforma sale tal como vino del Senado o si sufre un nuevo filtro antes de convertirse en ley.