La iniciativa impulsada por Sinergia Animal busca clasificar los métodos de producción en los envases para transparentar el origen ante el consumo récord en Argentina.
La iniciativa impulsada por Sinergia Animal busca clasificar los métodos de producción en los envases para transparentar el origen ante el consumo récord en Argentina.
Argentina, consolidada como líder a escala global en la ingesta per cápita de este producto avícola, se encamina a marcar un récord histórico de 430 huevos consumidos por habitante durante 2026, de acuerdo con estimaciones del rubro productivo.
Frente a esta marca sin precedentes, quienes acuden al mercado cotidiano carecen de un dato central: las condiciones en las que fue producido el alimento. Para revertir este escenario de desinformación, la organización Sinergia Animal Argentina impulsó un proyecto de Ley de Etiquetado de Huevos que fue formalizado en el Congreso de la Nación por la diputada Gabriela Estévez.
La propuesta parlamentaria estipula la incorporación de especificaciones técnicas obligatorias al envase comercial a través de cuatro categorías bien diferenciadas: huevos producidos en jaulas, libres de jaulas en galpón o piso, camperos o de libre pastoreo y orgánicos.
El esquema contempla que la inscripción figure de forma destacada en la cara frontal del envase, garantizando una lectura legible y directa al momento de la compra minorista.
Asimismo, la regulación prohíbe que el material publicitario utilice diseños, términos gráficos o imágenes que induzcan a equívocos comerciales. De este modo, queda vedada la impresión de ilustraciones con gallinas al aire libre si el lote procede de sistemas de confinamiento industrial.
Los relevamientos elaborados por Sinergia Animal Argentina expusieron un notable vacío informativo: más del 78% de la ciudadanía desconoce que cerca del 90% del abastecimiento local proviene de baterías de jaulas.
Sobre esta problemática, Romina Viscarret, directora de Sinergia Animal Argentina, remarcó: “Impulsamos este proyecto porque creemos que el acceso a la información no debería depender de la voluntad de cada empresa. Es importante que existan reglas claras y comunes para que todas las personas puedan conocer cómo se producen los alimentos que compran y tomar sus propias decisiones. No se trata de decirle a nadie qué comprar, sino de garantizar que pueda decidir con conocimiento”.
El texto se apoya en el artículo 42 de la Constitución Nacional, garante del suministro de información adecuada y veraz. En consonancia, la legisladora Estévez subrayó: “Lo sustentamos en la Constitución Nacional, lo sustentamos en los derechos del consumidor, en las leyes que nos respaldan”.
La normativa prevé un régimen de penalidades y concede un período de adaptación de doce meses tras su sanción, sin restringir sistemas comerciales sino diferenciando de forma explícita cada variante productiva.
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