Las comisiones de Presupuesto y de Población buscarán dictamen sobre el proyecto que Diputados aprobó con amplio consenso. Mantiene los beneficios de la ley de emergencia, pero sin plazo de vencimiento. El oficialismo quiere sancionarlo antes de que termine noviembre.
El Senado empieza a tratar este miércoles el proyecto de ley de Discapacidad que la Cámara de Diputados aprobó con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición. El debate será a las 16, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, a cargo de la peronista Alicia Kirchner.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará conseguir dictamen para llevar el proyecto al recinto y sancionarlo antes del cierre del período ordinario, entre el 19 y el 26 de noviembre.
Para el Gobierno, la ley es importante también por razones políticas. Los bloques aliados pusieron como condición para acompañar el Presupuesto 2027 que haya una norma que garantice las prestaciones para las personas con discapacidad cuando venza la ley de emergencia vigente.
El texto original del Presupuesto, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, iba en sentido contrario. Proponía eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para los prestadores y derogar la actualización mensual de los aranceles. También buscaba impedir que se cobre una pensión por discapacidad y se tenga un empleo formal a la vez, y volver a un criterio médico limitado a la invalidez laboral.
Esos artículos provocaron un fuerte conflicto en Diputados. El oficialismo terminó impulsando, junto con sus aliados, un proyecto nuevo que mantiene los ejes de la ley de emergencia. Dentro de La Libertad Avanza, lo empujaron dos diputadas cercanas a Bullrich: Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici.
La iniciativa se llama “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Replica casi todos los beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitorio: así, sus disposiciones pasan a ser permanentes.
El proyecto permite cobrar la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de la jubilación mínima, y al mismo tiempo tener un empleo formal o ser monotributista, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, mantiene el nomenclador único, la actualización automática de los aranceles de los prestadores según la movilidad jubilatoria y la cobertura del programa de salud Incluir Salud. También establece que el presupuesto del área no podrá ser menor, en términos reales, al del año anterior.
El proyecto crea un sistema de auditorías periódicas que cruza información entre la ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER, con el compromiso de respetar el debido proceso. Ese punto había generado preocupación en la oposición, que temía suspensiones de pensiones sin derecho a defensa.
A pedido de los aliados, también se sumó un cronograma para pagar las deudas con los prestadores, que hace meses reclaman atrasos, y un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
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