Podrán abatir aeronaves hostiles durante la estadía papal

Con la mirada puesta en evitar cualquier incidente de seguridad ante eventos masivos, la Casa Rosada dispuso un esquema de control militar estricto sobre el cielo argentino. El Poder Ejecutivo aprobó un protocolo especial de custodia aérea que contempla el derribo de aeronaves foráneas consideradas hostiles, estableciendo perímetros de exclusión e interdicción en puntos geográficos determinados mientras dure la estadía papal. La determinación quedó formalizada a través del decreto 1334/2026 en el Boletín Oficial, llevando las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Defensa Carlos Presti, quien asumirá la responsabilidad directa y no delegable de dar la orden final ante una situación de combate.

El despliegue obedece a las enormes concentraciones de fieles y delegaciones diplomáticas internacionales que se congregarán para acompañar los traslados y oficios religiosos del papa León XIV. Las zonas de exclusión operativa estarán focalizadas sobre Buenos Aires, Luján y territorio cordobés, perímetros donde el movimiento de helicópteros, aviones comerciales y vuelos privados estará monitoreado minuto a minuto por radares militares para blindar tanto a las autoridades presentes como a los puntos neurálgicos de infraestructura urbana frente a cualquier hipotético ataque.

Protocolo escalonado: qué pasos se exigen antes de abrir fuego

Lejos de habilitar una respuesta armada inmediata o automática ante un simple despiste de radio, la reglamentación fija una serie de etapas obligatorias que los pilotos de combate deben agotar previamente. El empleo de la fuerza letal funcionará como última instancia tras fallar los llamados de advertencia y las órdenes de aterrizaje forzoso, impidiendo que una falla de comunicación o una simple infracción a los planes de vuelo termine en un ataque aéreo injustificado.

Para que una máquina sea caratulada legalmente como vector hostil, la tripulación militar interviniente deberá constatar pruebas materiales de agresión. Se considerará agresión el porte visible de armamento o el mantenimiento obstinado de un rumbo de colisión hacia blancos estratégicos, evaluando parámetros objetivos como la velocidad de aproximación, la altitud no autorizada y la negativa a acatar los desvíos indicados por los cazas interceptores. Toda la cadena de mando militar estará atada a la confirmación técnica del almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, titular del comando aeroespacial conjunto, quien deberá elevar la alerta en tiempo real al despacho de Defensa para obtener el visto bueno político antes de cualquier disparo.

Diferencias legales entre vuelos internacionales y aviones civiles

Uno de los aspectos más sensibles del andamiaje normativo radica en el encuadre jurídico de las naves involucradas y los límites que impone la legislación argentina. El derribo solo es aplicable contra intrusiones provenientes del exterior bajo el paraguas de la Ley de Defensa Nacional, dejando completamente afuera de este procedimiento extraordinario a los vuelos que tengan origen dentro de las fronteras argentinas. Si un avión con matrícula y despegue local genera sospechas o comete irregularidades, su tratamiento continuará regulado por la Ley de Seguridad Interior, régimen que prohíbe el uso de armamento bélico de las Fuerzas Armadas salvo en caso de vigencia del estado de sitio.

En cuanto a la aviación comercial de pasajeros y vuelos privados de menor porte, los recaudos se vuelven todavía más rigurosos. Las naves civiles solo podrán ser atacadas si existe certeza absoluta de un atentado inminente con riesgo de vidas humanas, descartando el uso de armas de fuego si el aparato simplemente ignora las directivas de las torres de control. En estos casos de rebeldía sin armas a la vista, los protocolos ordenan continuar con la escolta armada y forzar el descenso en pistas designadas para someter a los tripulantes a las sanciones aeronáuticas y penales de rigor.

Niveles de alerta, coordinación con la ANAC y presupuesto

Para que el esquema funcione sin entorpecer más de la cuenta la actividad aerocomercial habitual, el ala militar trabajará en coordinación permanente con las dependencias civiles. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) deberá acatar los requerimientos técnicos y canalizar los desvíos de tráfico aéreo, implementando un esquema gradual de tres fases de alerta que dependerá del nivel de riesgo detectado en cada jornada.

En el primer escalón de vigilancia, los controladores civiles coordinarán rutas alternativas para alejar el tránsito regular de las áreas restringidas. Si la situación se torna más tensa, la conducción del espacio aéreo pasará a quedar bajo las órdenes directas de los mandos militares. Finalmente, la fase de máxima alerta contempla el cierre total del cielo para vuelos civiles y el control exclusivo de los escuadrones militares, reservando las pistas y corredores a aeronaves de seguridad autorizadas. La vigencia del operativo se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre, y el financiamiento de los patrullajes y combustibles saldrá de los fondos ya asignados al Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto dentro del presupuesto de Defensa.