Tras la brutal agresión de un grupo de ciclistas, mayoritariamente menores de edad, la fiscalía especializada actúa de oficio y busca testigos. Las víctimas y organizaciones exigieron respuestas ante la demora policial.
Tras la brutal agresión de un grupo de ciclistas, mayoritariamente menores de edad, la fiscalía especializada actúa de oficio y busca testigos. Las víctimas y organizaciones exigieron respuestas ante la demora policial.
La madrugada del domingo transformó los Bosques de Palermo en el escenario de lo que las propias víctimas califican como una “cacería”. Durante el fin de semana de Halloween, un numeroso grupo de varones (mayoritariamente menores de edad) que participaba de una bicicleteada nocturna ingresó por la Avenida Tornquist y desató un ataque feroz contra trabajadoras sexuales travestis y trans. Las imágenes, viralizadas por los propios agresores en redes sociales, muestran una violencia desmedida que incluyó golpes, botellazos y piedras. Hoy, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el colectivo alzó la voz para exigir justicia, señalar la complicidad estatal y advertir que no se trata de un hecho aislado.
“Fue como un torbellino, un huracán. Las cercaron en la esquina de Ombúes y Bello. Las rodearon para que nadie pudiera entrar a defenderlas porque eran más de 150 ciclistas“, relató Leticia, una de las testigos, quien logró esconderse en el bosque al notar que los agresores venían armados y dispuestos a lastimar. El saldo del ataque dejó al menos a seis mujeres con lesiones de consideración.
“La policía tardó media hora en llegar y hubo abandono de persona total“, denunciaron las activistas, quienes aseguran que el lugar funcionó como una zona liberada.
Ante la gravedad institucional y la viralización de los videos, la Dra. Andrea Verónica Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 especializada en discriminación, abrió una investigación de oficio. El expediente se tramita, en principio, bajo la figura de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.
La fiscalía ordenó al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad que remita de inmediato todas las grabaciones de las cámaras públicas ubicadas en las inmediaciones de la Avenida de los Ombúes y Andrés Bello. Además, desde la dependencia hicieron un llamado clave a la comunidad: “Necesitamos testigos y que las víctimas vengan a contar lo que pasó”.
En la conferencia de prensa realizada este mediodía, María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña, confirmó el acompañamiento institucional.
“Ya hablamos con el Ministerio de Seguridad para que aporte las cámaras. Estamos trabajando junto con la Fiscalía Especializada en Discriminación para que esto llegue hasta las últimas consecuencias“, aseguró Rachid.
Algunos meses atrás, Rachid desmintió versiones oficiales que intentaron justificar operativos policiales desmedidos en la zona, exigiendo que las autoridades aclaren “dónde está el playón privado que supuestamente estaban invadiendo las trabajadoras, porque no hay tal playón”. Recordó también que las mujeres habían sido desalojadas de la zona de Godoy Cruz bajo la falsa promesa de que en los Bosques estarían “cuidadas y sin agresiones”.
Por su parte, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) se presentará como querellante en la causa, reforzando la presión judicial para evitar que el caso quede impune.
El dolor físico de las agresiones se mezcla con la indignación frente a un contexto político que, denuncian, habilita esta violencia. Durante la conferencia, el enojo se dirigió directamente hacia el Presidente de la Nación y al Jefe de Gobierno porteño.
“El responsable en estos momentos es Javier Milei. Ese odio no se fomenta solo. En enero fue a Davos a decir que nuestra identidad era parte de la pedofilia”, apuntó una de las referentes trans.
El diputado socialista Esteban Paulón, presente en el lugar, coincidió con el diagnóstico.
“Me hace pensar en el efecto gravísimo que tienen los discursos de odio desde el poder, que habilitan a que cualquier persona sienta que está permitido ejercer la violencia del modo en que se ejerció”, sostuvo el legislador, quien adelantó que llevará el tema al Congreso.
El reclamo también interpeló a los legisladores porteños (“Queremos que nos escuchen las personas que cobran 12 millones”) y denunció las condiciones de extrema precarización laboral que empujan a muchas mujeres trans a la calle, donde enfrentan no solo la violencia ciudadana, sino el abuso corporativo: “Las empresas nos negrean, se aprovechan y nos echan enseguida, estamos en la calle porque no tenemos opción”.
El hostigamiento sistemático de las fuerzas de seguridad fue otro de los ejes centrales de la denuncia.
“La policía muchas veces nos abusa y nos coimea, a nosotras y a los clientes. En el momento que se necesitan, las compañeras están solas. Después del ataque tardaron más de 40 minutos en llegar, y la ambulancia nunca llegó“, reclamaron a coro las activistas.
Las referentes denunciaron que los ministerios de la Ciudad cambian constantemente los nombres de los operativos policiales para eludir responsabilidades por la persecución en la zona. Esta realidad es padecida a diario; Georgina Orellano, titular de AMMAR, advirtió que los ataques, las filmaciones para TikTok y las burlas de jóvenes y vecinos ocurren permanentemente.
La preocupación de fondo, que excede el brutal episodio del fin de semana, es la desprotección estructural.
“Nuestro problema principal es un Estado ausente que nos priva de derechos, educación, salud y trabajo“, resumieron las trabajadoras.
A esto se suma la impotencia judicial. En Argentina, el sistema penal sigue siendo ciego ante los crímenes de odio por identidad de género: “Cuando matan a una compañera trans, el poder judicial no pone la carátula de travesticidio, y con suerte les dan doce o trece años nada más”, denunciaron, exigiendo penas ejemplares que reconozcan el odio estructural como agravante real. Mañana al mediodía, las trabajadoras sexuales y el colectivo LGTIBQ+, estarán presentes en la Legislatura Porteña exigiendo respuestas.
Con cuatro trabajadoras sexuales asesinadas entre agosto y octubre, y 227 crímenes de odio registrados el año pasado, la comunidad advierte que no retrocederá un centímetro. A días de la 35° Marcha del Orgullo en la Ciudad, el mensaje que resonó en la Defensoría fue unánime: “Prefiero esto a que nos sigan matando y pegando en silencio. ¡Furia travesti!”
Es importante también destacar que si alguien atestiguó el ataque, haga la correspondiente denuncia. A continuación, la información pertinente:
*Fiscal a cargo: Dra. Andrea Verónica Scanga
* Dirección: Suipacha 150, Piso 5° (también referenciada en Beruti 3345, Piso 3)
* Teléfonos: 5299-4400 (int. 1916 / 1928)
* Correo electrónico: fiscaliapcyf13@fiscalias.gob.ar
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