Por orden del juez federal Julián Ercolini, la cúpula de la UOM encabezada por Abel Furlán deberá declarar por presunta administración fraudulenta de fondos sindicales. La medida dispuso además la inhibición general de patrimonios.
Por orden del juez federal Julián Ercolini, la cúpula de la UOM encabezada por Abel Furlán deberá declarar por presunta administración fraudulenta de fondos sindicales. La medida dispuso además la inhibición general de patrimonios.
El titular del Juzgado Federal 12, Julián Ercolini, citó a declaración indagatoria al exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), Abel Furlán, junto a otros cinco imputados.
La resolución judicial investiga una presunta administración fraudulenta en perjuicio del gremio y de su obra social, OSUOMRA. El magistrado dispuso además la inhibición general de bienes y el bloqueo de cuentas y cajas de seguridad para todos los involucrados.
Las citaciones comenzarán el 17 de noviembre con la comparecencia de Furlán. Continuarán el 24 de noviembre con la indagatoria de María Soledad Calle, exempleada del sindicato y accionista de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM). El cronograma incluye a Osvaldo Esteban Lobato, exsecretario administrativo; Adalberto Braconi, presidente de la firma proveedora; Naldo Brunelli, exsecretario adjunto; y José Luis Ortiz, tesorero de la entidad.
La pesquisa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por dirigentes gremiales opositores. El expediente analiza dos acuerdos comerciales suscriptos el 27 de febrero de 2023, proyectados con una vigencia de diez años, mediante los cuales la UOMRA y la OSUOMRA delegaron en la empresa USEM la gestión operativa de fondos, cuentas y circuitos de pago.
Según la resolución judicial, la compañía contratista se constituyó el 7 de diciembre de 2022, apenas 82 días antes de la firma de los convenios. La sociedad operaba con una estructura mínima y no registraba actividad comercial previa de relevancia.
Los informes contables de la intervención gremial determinaron que la empresa percibió honorarios por 2.466.334.995 pesos: 698 millones en 2024, 1086 millones en 2025 y 681 millones hasta julio de este año.
El fallo judicial advierte irregularidades administrativas durante la contratación del proveedor externo. María Soledad Calle mantenía una relación de dependencia laboral con el gremio y, de forma simultánea, poseía el 50% del paquete accionario de la firma contratada. El juzgado señaló la ausencia de una compulsa de precios previa que acreditara la idoneidad y capacidad operativa del prestador.
El magistrado consideró que las cláusulas contractuales colocaron al sindicato en una posición desventajosa frente a la prestadora privada. La empresa disponía de la facultad de rescisión unilateral con preaviso de treinta días, condición excluida para la entidad gremial. Asimismo, las tarifas pactadas superaban las cotizaciones de mercado habituales para este tipo de administración.
La defensa técnica de Furlán rechazó los cargos imputados en el expediente judicial. Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort solicitaron formalmente el sobreseimiento del dirigente gremial.
En su presentación, los letrados sostuvieron que la causa penal carece de sustento probatorio y advirtieron que la investigación intenta avanzar de manera indebida sobre el patrimonio privado de los directivos.
El proceso penal determinará si la tercerización de servicios constituyó un delito financiero continuado o si respondió a facultades legítimas de gestión gremial.
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