Con una votación ajustada, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir la decisión del Poder Ejecutivo. El veto presidencial a la ley de aumento de jubilaciones y moratoria quedó firme, consolidando el ajuste fiscal y postergando cualquier recomposición de haberes.
En una sesión tensa, la Cámara de Diputados se quedó a solo dos votos de los 171 necesarios para anular el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La oposición sumó 160 votos a favor del proyecto original, mientras que el oficialismo y sus aliados obtuvieron 83 rechazos.
El factor determinante fueron las seis abstenciones, que aumentaron el umbral de la mayoría agravada, favoreciendo la postura del Ejecutivo. Se denunció que estas abstenciones respondían a presiones sobre los gobernadores, cuyos legisladores habrían cambiado de voto.
La ley frustrada proponía un incremento del 7,2% en los haberes y un bono mínimo de $110.000, además de establecer una actualización por IPC y compensaciones para las cajas previsionales provinciales. El Gobierno argumentó que la medida era inviable, estimando un costo fiscal de 1,65% del PBI, cifra que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había proyectado en 0,78%.
El fracaso de este intento se da tras una derrota previa del oficialismo en el veto a la ley de emergencia en discapacidad, lo que pone de manifiesto la volátil dinámica legislativa.
El resultado de esta votación consolida el rumbo de ajuste fiscal del Gobierno, que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas por encima de la recomposición de los ingresos de los jubilados.
En un contexto de deterioro constante del poder de compra, la posibilidad de los pensionados y jubilados sigue deteriorándose, mientras el debate político se centra en las cifras y la pugna entre poderes.
El gobierno de Milei enfrenta una crisis por escándalos judiciales y filtraciones telefónicas que comprometen al entorno presidencial. Entre internas de gabinete y desafíos económicos, la gestión intenta retomar la agenda mientras endurece su postura frente a la industria y la justicia.
El empresario Marcelo Porcel será indagado este miércoles por presunto abuso sexual y corrupción de menores. La justicia investiga si aprovechaba reuniones sociales para vulnerar a compañeros de sus hijos, apoyándose en testimonios de cámara Gesell y pruebas halladas en celulares.
La familia Castro lidera las negociaciones con Estados Unidos para evitar el colapso energético en Cuba. Ante el bloqueo petrolero, el régimen prioriza reformas económicas y la apertura a inversiones extranjeras, buscando preservar el poder militar y la continuidad dinástica.
El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió no desatender el conflicto ucraniano pese a las tensiones en Oriente Medio. Al recibir a Zelenski en Londres, anunció una nueva alianza de defensa y ratificó su respaldo estratégico frente a la invasión rusa.
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró factible que México reciba los partidos de Irán en el Mundial 2026. La propuesta surge ante la falta de garantías de seguridad en Estados Unidos, aunque la FIFA aún prioriza mantener el calendario de sedes original.
Venezuela se coronó campeona del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 3-2 a Estados Unidos en Miami. Con un cierre dramático, la Vinotinto logró su primer título histórico, desatando festejos masivos en Caracas y un decreto de júbilo nacional no laborable.
El Salvador instauró la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas tras una reforma constitucional impulsada por Nayib Bukele. La medida, que elimina el límite de 60 años de cárcel, endurece la política de seguridad pese a las denuncias internacionales.
Roberto Antonio Peralta, de 75 años, murió tras ser atacado a balazos en su almacén por dos hombres que simularon ser clientes. La policía detuvo a dos sospechosos con antecedentes penales tras un rastreo de cámaras y pericias dactilares en el vehículo de fuga.
