El Ejecutivo evalúa terminar con la autonomía de la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladarla para que el Ministerio de Salud asuma el control directo sobre los procesos de contratación y licitación.
El Ejecutivo evalúa terminar con la autonomía de la Agencia Nacional de Discapacidad y trasladarla para que el Ministerio de Salud asuma el control directo sobre los procesos de contratación y licitación.
La Casa Rosada está analizando cambios administrativos profundos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que se convirtió en epicentro del escándalo de presuntos cobros de coimas vinculados a licitaciones con la droguería Suizo Argentina. Una alta fuente gubernamental confirmó que se estudia la viabilidad de que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado y pase a estar bajo la órbita directa del Ministerio de Salud.
Hasta ahora, la ANDIS funcionaba con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que incluía la facultad exclusiva para elaborar sus trámites licitatorios. Esta autonomía fue establecida durante la gestión de Mauricio Macri en 2017 mediante el Decreto 698/2017, y ha sido un punto clave en las recientes denuncias.
La intención del Gobierno es que, con este traslado, el Ministerio de Salud asuma un mayor control y regulación sobre los procesos de compras y licitaciones, en un intento de ganar transparencia y evitar nuevas irregularidades tras el impacto negativo de las filtraciones.
El escándalo estalló luego de la difusión de un audio atribuido a Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la ANDIS, quien denunció un entramado de coimas con la droguería Suizo Argentina, mencionando nombres ligados al entorno del presidente Javier Milei.
En paralelo, la Justicia continúa avanzando en la investigación con allanamientos y análisis de contratos millonarios. La empresa Suizo Argentina es la principal proveedora en investigaciones vinculadas, con un crecimiento exponencial en contratos públicos desde 2024 a la fecha.
Estas medidas buscan frenar la crisis institucional y la pérdida de confianza social en la gestión de la discapacidad, que ha provocado un fuerte impacto en beneficiarios y en la opinión pública.
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