Un imponente operativo de seguridad marcó el inicio del juicio contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y su banda. Se los acusa de envenenar y causar la muerte de 24 personas con cocaína adulterada en 2022.
Un imponente operativo de seguridad marcó el inicio del juicio contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y su banda. Se los acusa de envenenar y causar la muerte de 24 personas con cocaína adulterada en 2022.

Este martes comenzó en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín el juicio contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, sus hijos Iván Gabriel y Luca Nahuel Baigorria, y otros 24 integrantes de su organización. Se los acusa por la comercialización de cocaína adulterada con carfentanilo, que en febrero de 2022 causó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones en el barrio Puerta 8, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.
La investigación se centra en la distribución del estupefaciente con alto grado de toxicidad, un opioide sintético utilizado en veterinaria que resulta letal para humanos. Sin embargo, la jueza federal Alicia Vence estableció que los acusados no actuaron con dolo, por lo que la imputación es por narcotráfico y no por homicidio.
El inicio del juicio se realizó con un fuerte operativo de seguridad dada la peligrosidad de los imputados. “Mameluco” Villalba cumple actualmente una condena unificada de 27 años y mantiene influencia desde prisión. Quince acusados fueron trasladados desde el penal de Marcos Paz y otros cumplen arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Están convocados más de 300 testigos, incluidos familiares de las víctimas, intoxicados y expertos en narcotráfico, para aportar detalles sobre la ruta del carfentanilo y su adulteración en la cocaína.
La tragedia exhibe la complejidad del narcotráfico en el conurbano bonaerense, donde cada vez se usan sustancias más letales para adulterar drogas. La causa investiga además presuntas coimas a policías que facilitaron actividades del clan.
El debate judicial se centrará en la responsabilidad por la venta y distribución, sin abordar los fallecimientos directos, en consonancia con la normativa penal.
La crisis en Puerta 8 puso en evidencia un problema estructural profundo, con impacto en comunidades vulnerables y vínculos con sectores públicos. El juicio deja abierta la discusión sobre justicia, responsabilidad y prevención frente al narcotráfico.
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