La jueza Julieta Makintach enfrenta cargos por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa vinculada al documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, que dejó el proceso judicial anulado.
La jueza Julieta Makintach enfrenta cargos por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa vinculada al documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, que dejó el proceso judicial anulado.
Jueza del Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Isidro, Julieta Makintach fue formalmente imputada por cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de deberes como funcionaria pública, malversación y peculado de servicios. Las denuncias surgen tras la investigación sobre su rol en la realización del documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, que dirigía mientras se filmaba el proceso.
Según la Fiscalía, a cargo de Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, Makintach aceptó una propuesta comercial de su amiga María Lía Vidal Alemán para llevar adelante el proyecto audiovisual. La magistrada, bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros por regalías o inversiones, permitió la filmación del juicio de manera irregular, haciendo uso indebido de recursos públicos y privilegiando intereses personales sobre la imparcialidad del tribunal.
Esta actuación derivó en la declaración de nulidad del juicio oral, debido a que la jueza comprometería la transparencia y la independencia del proceso judicial. Además, el jurado de enjuiciamiento bonaerense admitió la acusación contra Makintach y ordenó su suspensión preventiva con una reducción del 40% de su salario mientras se investiga una posible destitución
La defensa de la jueza cuestiona la imputación y sostiene que la filmación no violó normas judiciales, argumentando que el hecho era conocido por las partes y no comprometió el desarrollo del debate. Sin embargo, el procurador general bonaerense Julio Conte Grand destacó que las conductas de Makintach constituyen un mal desempeño grave que justifica el enjuiciamiento político.
El proceso en curso seguirá con una audiencia preliminar para definir las pruebas y el desarrollo del juicio político. La renuncia que presentó Makintach en junio pasado no fue aceptada y quedó suspendida hasta la resolución del caso.
La situación genera un impacto relevante en la justicia argentina, planteando preguntas sobre la ética y la gestión judicial, y sobre la necesidad de garantizar procesos transparentes.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Portugal reconsiderar los recortes a la legislación de identidad de género, alertando que la iniciativa reintroduce la patologización médica sobre la población trans.
Un estudio histopatológico determinó que Ángela Álvarez sufrió una muerte violenta por sofocación. Cuatro hombres quedaron imputados por robo seguido de muerte.
Durante la grabación del programa de Mario Pergolini en eltrece, Eugenia Suárez habría destruido un retrato de Martín Cirio ubicado en su camarín, según reveló Marina Calabró tras detallar viejos enfrentamientos entre ambas figuras.
Antes de su remate el 9 de diciembre en Nueva York, el vestido de seda que Diana de Gales inmortalizó en 1994 será exhibido globalmente por Sotheby’s, con una estimación de hasta 300 mil dólares.
En un reconocimiento inédito para el automovilismo nacional, la Legislatura porteña declaró de Interés Deportivo al TC2000. La iniciativa destaca más de cuatro décadas de trayectoria e innovación tecnológica vinculadas a las calles y autódromos de la Ciudad.
Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera con una alineación alternativa, impulsado por dos goles de Ángel Romero y el estreno goleador de Enner Valencia, a días del cruce decisivo por Copa Sudamericana.
La Justicia de San Juan abrió una investigación de oficio tras el hallazgo de un escrito en un sanitario de la Escuela Carlos María de Alvear, en Rawson. La inscripción, borrada poco después por directivas educativas, alertaba sobre un presunto abuso intrafamiliar.
Diputados británicos votaron contra el proyecto de ley para autorizar la muerte asistida en pacientes terminales, frenando un histórico cambio legislativo tras un tenso debate centrado en las garantías médicas y los cuidados paliativos.
