La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos presidenciales a leyes clave para la universidad pública y la salud pediátrica, en medio de un fuerte cruce interno en el bloque PRO y un contexto económico adverso.
La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos presidenciales a leyes clave para la universidad pública y la salud pediátrica, en medio de un fuerte cruce interno en el bloque PRO y un contexto económico adverso.
La sesión terminó con un contundente respaldo a la persistencia de las leyes. El veto a la Emergencia Pediátrica fue rechazado con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención, mientras que la ley de Financiamiento Universitario fue ratificada con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones. Estas cifras superan con comodidad el quórum de dos tercios necesario para insistir con las leyes, que ahora serán elevadas al Senado para su consideración definitiva.
Además, la jornada parlamentaria también mostró fuertes discordancias dentro de la oposición más cercana al Gobierno. Silvia Lospennato, diputada de PRO, expresó su rechazo al veto y cuestionó la polarización política que, según ella, afecta la confianza de la sociedad en las instituciones. Al defender su posición, negó que votar en contra del veto implicara buscar derrocar al Gobierno o recibir pagos ilegales.
Estas palabras motivaron una réplica dura por parte de Cristian Ritondo, jefe de la bancada PRO, quien le pidió que emita su voto con “dignidad” levantando la mano y retirándose si discrepaba del bloque.
El cruce generó tensión y un intercambio de réplicas que involucró también a Alejandro Finocchiaro, quien en tono irónico destacó que el sistema parlamentario argentino no facilita distinguir claramente las posturas en el hemiciclo, a diferencia del parlamento inglés.
Durante la votación, el diputado Aldo Leiva sorprendió al presentarse con una peluca y fue interrumpido por el presidente de la Cámara, situación que causó revuelo mediático. En paralelo, la diputada libertaria Juliana Santillán provocó comentarios en redes sociales por un error al citar cifras económicas relativas al financiamiento universitario.
El rechazo a las leyes ocurre en un contexto complicado para el oficialismo. El Banco Central tuvo que vender 53 millones de dólares para frenar la volatilidad del tipo de cambio, mientras que la inflación mayorista de agosto alcanzó el 3,1%, la cifra más alta desde julio de 2024.
La derrota en la Cámara baja expone la pérdida de apoyos políticos del presidente Javier Milei, quien tras las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, enfrenta crecientes dificultades para imponer su agenda en el Congreso. Con las leyes ratificadas en Diputados, la última palabra quedará en manos del Senado.
La sesión desnudó no solo la fractura al interior de la oposición, sino la compleja situación política y económica que atraviesa el país, donde la búsqueda de consensos aparece como un desafío ineludible para afrontar los problemas de fondo.
or primera vez, una mayoría relativa señala al gobierno de Milei como principal responsable de los problemas económicos del país, según Hugo Haime & Asociados. El llamado “riesgo kuka” cayó al 33% y el 64% de los encuestados pide algún tipo de cambio en el modelo económico.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se negó a ampliar su indagatoria por el fraude millonario en el sistema de compras del organismo. Su defensa espera la realización de una pericia sobre los audios que dispararon el escándalo. Garbellini también se negó a declarar.
El exsenador del PRO denunció que Binance le bloquea el acceso a sus inversiones porque el reconocimiento facial ya no lo identifica: la enfermedad neurodegenerativa que padece cambió sus rasgos. La plataforma respondió tras la viralización del reclamo.
Cecilia y Adriana Carranza tenían 18 años cuando fueron secuestradas en Córdoba durante la última dictadura. En diciembre de 2025, el EAAF encontró una muela en La Perla que coincide con el ADN familiar. Todavía no se sabe cuál de las dos hermanas apareció.
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La salida de Abu Dabi, efectiva desde el 1 de mayo, debilita el control de precios del bloque y representa una victoria política para la Casa Blanca.
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