La Justicia federal imputó a la presidenta y vicepresidenta del Consejo Escolar de General Alvarado y al contratista por presentar análisis adulterados que aseguraban la potabilidad del agua escolar. Padres denunciaron la entrega de agua con bacterias que afectaron gravemente la salud de los niños.
Una grave crisis sanitaria se desató en tres escuelas del Polo Educativo de Mar del Sur, donde repetidos casos de vómitos, diarrea y enfermedades gastrointestinales entre alumnos fueron causados por el consumo de agua contaminada. La Justicia federal imputó a la presidenta, vicepresidenta y tesorero del Consejo Escolar de General Alvarado, así como al contratista responsable de los análisis, por fraude a la administración pública, falsificación de documentos y suministro de agua no apta para consumo.
La historia comenzó años atrás con reportes de padres sobre enfermedades recurrentes en sus hijos, que incluían hasta internaciones por deshidratación. Las denuncias se intensificaron en 2025 cuando, tras realizar análisis privados, se detectaron bacterias altamente contaminantes, como Escherichia coli y pseudomonas, en el agua que proveía el establecimiento.
Pese a estos informes, las autoridades del Consejo Escolar intentaron ocultar la verdadera situación presentando análisis supuestamente oficiales, que luego se comprobó que eran falsificados, con firmas y sellos adulterados atribuidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Mensajes telefónicos y pruebas documentales revelaron que los funcionarios tenían conocimiento de la falsedad de los informes y buscaron responsabilizar únicamente al contratista, en una maniobra fraudulenta sistematizada en distintas ocasiones y en varios colegios de la jurisdicción.
Ante la gravedad del caso, el fiscal a cargo solicitó medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salida del país y la restricción de acercamiento a los establecimientos afectados para los imputados. Asimismo, pidió el embargo de sus bienes ante el evidente perjuicio económico y sanitario ocasionado.
Los padres, en tanto, expresaron su indignación y dolor, acusando a las autoridades de haber puesto en riesgo la salud de los niños y de ignorar sus reclamos durante años. Aunque se confirmó la puesta en marcha de un nuevo pozo y tanque para el suministro, resta la certificación oficial definitiva que garantice la calidad del agua.
Este caso refleja profundas falencias en la gestión pública local y la necesidad de mayor rigor y transparencia en el control sanitario de las escuelas, especialmente en zonas vulnerables como Mar del Sur, que carece de redes cloacales y de agua corriente.
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