Los vuelos se desarrollaron íntegramente dentro del territorio argentino entre enero y diciembre de 2019, todos operados por la empresa Med Aviación SA. La causa judicial 1780/2021, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y bajo pedido de la fiscal Alejandra Mangano, recopiló testimonios y documentación que confirmaron estas operaciones.
José Luis Espert admitió en su declaración judicial que utilizó los servicios de vuelos privados “con fines electorales” y que desconocía la vinculación directa o indirecta de esas aeronaves con Fred Machado. En público, Espert había mencionado sólo un vuelo, pero la investigación amplió esa cifra a 35.
Espert sostuvo que nunca participó personalmente en la contratación de aviones y que ignoraba a quién pertenecían, señalando que los registros registrales muestran titularidad a diversas sociedades.
El piloto Axel Vugdelija, confirmó haber volado “dos o tres veces” el avión matrícula N28FM de Med Aviación durante 2019. Explicó que Machado era su jefe y que actuaba como asistente para la tripulación, y que recibía instrucciones sobre itinerarios y pasajeros de alguien del entorno de Espert, probablemente una secretaria o asistente, sin recordar nombre específico.
Confesó recordar con claridad a su pasajero público Espert y a Machado. Vugdelija detalló al menos un vuelo entre San Fernando y Villa María, con escala en Catamarca.
Juan Gatti, ex piloto naval y gerente de operaciones de Med Aviación hasta agosto de 2019, brindó datos técnicos sobre los aviones: dos Beechcraft turbohélice, uno King Air B200 para 7/8 pasajeros y otro A-90 para seis. Gatti, precisó que las operaciones de taxi aéreo se cobraban por kilómetro recorrido, a entre 3,8 y 4 dólares el kilómetro en 2019.
En paralelo, el dirigente social Juan Grabois, denunció a Espert ante el juez Lino Mirabelli por una transferencia de 200.000 dólares atribuidos a una socia de Machado condenada en Texas por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Este pago habría ocurrido en febrero de 2020, posterior a la campaña.
La fiscalía solicitó al juez Mirabelli unificar la causa con la de Martínez de Giorgi, a fin de evitar duplicidad procesal.
Espert aclaró en su descargo que en 2019 no mantuvo afiliación formal ni participación en órganos del partido UNITE, que lo había postulado como candidato extrapartidario. Negó responsabilidad en el manejo de fondos y gastos electorales, atribuyéndolo a autoridades partidarias de acuerdo con la ley.
A pesar de esto, José Bonacci, presidente del partido UNITE y responsable económico, reconoció que Espert le solicitó respaldar los aportes asociados a los vuelos de Machado, aunque no presentó comprobantes para justificar ante la Justicia Electoral un aporte en especie o efectivo.
La jueza electoral María Servini rechazó en 2023 el informe de gastos de campaña de UNITE, suspendió su financiamiento estatal y abrió una investigación por una falta de rendición de más de 60 millones de pesos. Bonacci y otros dirigentes están bajo la lupa por presuntas irregularidades financieras, pero Espert no figura investigado en estos hechos.
Este caso expone la complejidad de los vínculos entre candidatos políticos y empresarios acusados, así como las dificultades para transparentar y controlar aportes en campañas electorales.
La Justicia continúa las investigaciones para definir responsabilidades y establecer posibles conexiones entre los vuelos privados de campaña y la financiación electoral.
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