A 34 años del secuestro del expresidente Mauricio Macri, la Corte Suprema de Justicia decidió avanzar en la investigación contra el ex juez Luis Zelaya, acusado de proteger a policías que torturaron a un ex policía para obtener una confesión vinculada al caso.
El 24 de agosto de 1991, Mauricio Macri fue secuestrado cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Palermo. Permaneció cautivo durante 12 días en un sótano en condiciones precarias hasta que fue liberado tras el pago de un rescate de seis millones de dólares.
Uno de los protagonistas judiciales controversiales del caso es el ex juez Luis Zelaya, quien fue denunciado por no investigar debidamente y sobreseer a policías federales acusados de torturas aplicadas a Juan Carlos Bayarri, un ex policía que pasó más de una década preso y afirmó que fue obligado bajo tormentos a confesar su participación en el secuestro.
La denuncia de Bayarri llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2008 condenó al Estado argentino por violación de derechos humanos. Sin embargo, la justicia argentina avanzó poco contra los responsables.
La Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó un fallo anterior de la Cámara de Casación Penal y ordenó reabrir la causa contra Zelaya, señalando irregularidades y omisiones graves en la valoración de la prueba.
El procurador general Eduardo Casal había advertido que las declaraciones de funcionarios del juzgado indicaban que Zelaya admitía que los policías torturaron a Bayarri y que se negaba a procesarlos para evitar repercusiones en otra causa vinculada al secuestro.
Este fallo representa un paso fundamental para esclarecer responsabilidades en una trama oscura de torturas y encubrimientos que se arrastra desde principios de los años 90, y que enmarca un trámite complejo judicial y político alrededor de uno de los episodios más polémicos en la historia reciente argentina vinculada a Mauricio Macri.
La mandataria Laura Fernández removió al canciller Manuel Tovar por no notificarle una reunión del Escudo de las Américas presidida por Donald Trump en la ONU, provocando su ausencia estratégica y la suspensión de su discurso diplomático.
El Gobierno colombiano rompió relaciones diplomáticas con Irán argumentando nexos con el terrorismo, violaciones a los derechos humanos y falta de transparencia en su programa nuclear, sumándose a las medidas restrictivas adoptadas previamente por la administración de Perú.
El primer ministro Mark Carney confirmó que Canadá analizó el riesgo de un eventual ataque militar de EE. UU. ante los comentarios de Donald Trump, en medio de crecientes tensiones comerciales y la reorganización de sus alianzas estratégicas.
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