La Justicia pidió al Gobierno que informe el gasto para reimprimir la Boleta Única Papel en Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert. El costo estimado supera los $15.000 millones, generando un debate político y técnico sobre la viabilidad y responsabilidad del gasto.
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desató un pedido judicial al Ministerio del Interior para que precise el costo y la logística necesaria para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) con la nueva cabeza de lista, Diego Santilli.
El juez Alejo Ramos Padilla ordenó un informe para el 8 de octubre sobre el impacto económico y operativo de esta medida, incluida la necesidad de una nueva licitación para la impresión, dado que aproximadamente el 80% de las boletas ya estaban impresas.
El defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, calculó que reimprimir las boletas costaría más de $15.000 millones, sin considerar el IVA. Esta cifra surge de referencias a contrataciones anteriores y puede aumentar, debido a la premura en la producción.
Martello destacó además que la legislación vigente establece que es el Estado quien debe encargarse de la impresión, no los partidos políticos, rechazando que La Libertad Avanza (LLA) deba afrontar este gasto.
Desde el gobierno provincial, bajo la administración de Axel Kicillof, manifestaron la oposición a la reimpresión. Alegan que la Boleta Única Papel mantiene su validez aun con la baja de un candidato, dado que se imprimieron listas completas oficializadas.
En 2015, señalaron, ocurrió un caso similar cuando Fernando Niembro renunció y no se reimprimieron boletas sin afectar la validez electoral. Además, remarcaron el impacto económico en un contexto con fuertes restricciones presupuestarias.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que si la Justicia determina que la responsabilidad económica recae en La Libertad Avanza, ese partido deberá cubrirla, aunque reconoció que carecen de los fondos necesarios y que buscarán apoyo mediante donaciones u otros mecanismos.
Por su parte, desde LLA se solicitó formalmente la reimpresión de todas las boletas para la provincia, argumentando la necesidad de mantener la transparencia con la nómina actualizada.
En la arena política, la cuestión generó rechazo en varios sectores opositores, que denunciaron la medida como un gasto innecesario para la sociedad, que ya afronta dificultades en otras áreas prioritarias como salud y educación.
Legisladores de Fuerza Patria y Movimiento de Jubilados y Juventud denunciaron un perjuicio económico por la reimpresión, comparando con los gastos electorales de años anteriores, que se han incrementado notablemente en términos reales.
La disputa por la reimpresión de boletas refleja un choque entre interpretaciones legales, costos económicos y estrategias políticas, con la Justicia Electoral como árbitro en espera de la resolución definitiva.
La decisión implicará un balance entre garantizar la claridad en las propuestas electorales y administrar el gasto público en un contexto de gran presión fiscal.
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